La esquina
José Aguilar
Ya no cuela el relato de Pedro
Australia acaba de anunciar la aprobación de una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a las personas menores de 16 años y en el caso de que las empresas tecnológicas no cumplan, pueden ser multadas hasta con 50 millones de euros. La medida entrará en vigor dentro de un año, dando así tiempo a la adaptación de las empresas y, también, dando lugar a debate social en Australia y resto de países.
Desde luego, se trata de una decisión que va a generar polémica y mucho debate; es una decisión muy interesante porque expresa una preocupación bastante generalizada ya en muchos países en relación a los efectos que potencialmente tiene para menores el acceso a las redes, en general, y a determinadas plataformas en particular.
En las redes sociales hay riesgos de todo tipo que, para superarlos, requieren recursos y habilidades que no siempre están al alcance de cualquiera y probablemente menos aún en el caso de menores. Noticias e informaciones falsas, estímulo a la cultura del consumo, promoción de la idea de unos determinados estilos de imagen personal (casi siempre orientada a las chicas y con enfoque machista) o difusión de ideas y asuntos complejos con planteamientos superficiales y sesgados son, entre otros, algunos aspectos a reseñar.
Por supuesto, la información de carácter personal y confidencial sobre gustos y costumbres e, incluso, datos económicos, forman también parte del ‘botín’ que obtienen las plataformas en las que muchas personas pasan horas y horas. En ocasiones, se genera una adicción a las redes que es preocupante en grado superlativo en la población general y, en el caso de menores, aún más.
Es difícil predecir si esta decisión de prohibir el acceso a las redes a la población menor de 16 años poniendo el foco en las empresas tecnológicas va a ser eficaz y si va a poder aplicarse de manera efectiva. Necesitaremos tiempo para poder obtener conclusiones. Lo que sí es importante señalar, es que la medida expresa una preocupación real de las autoridades y de una parte al menos de la población hasta el punto de haber dado lugar a una medida pionera, que habrá que evaluar.
También cabe reflexionar sobre la necesidad de medidas adicionales en el campo de la educación y concienciación de la sociedad y las familias, como acciones complementarias para afrontar este desafío, aunque posiblemente sea un asunto imparable y algo así como querer poner puertas al campo. En cualquier caso, merece la pena desarrollar y evaluar políticas públicas que traten de minimizar los impactos negativos de las redes sociales en las personas menores.
Es un asunto importante en el que estará muy bien que el conjunto de la sociedad se implique para avanzar de manera eficaz.
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