Regularizar personas

El proceso que acaba de aprobar el Gobierno para la regularización de personas migrantes es una medida de justicia social que beneficia a medio millón de personas que están en España en situación de vulnerabilidad, aún cuando la mayoría esté trabajando en nuestro país. La escolarización de hijos e hijas de estas personas o el acceso a servicios sanitarios se dificulta por esta vulnerabilidad.

La conferencia episcopal, Cáritas, CCOO Y UGT, las patronales con más personas extranjeras trabajando en sus sectores o la patronal de Baleares, han apoyado la medida frente a posiciones intransigentes a las que torpemente se ha sumado Feijóo, contradiciendo su apoyo a esta medida expresado en 2024, con motivo de la tramitación de una iniciativa legislativa popular que entonces proponía este proceso. Incluso, Feijóo alienta el bulo de que estas personas podrían votar en las elecciones, algo que es falso.

Este proceso de regularización reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros que, en su mayoría, trabajan en precario en sectores de enorme importancia para el conjunto de nuestra sociedad y nuestra economía como el cuidado, la hostelería o la agricultura. Lo que permite es reconocer derechos y, desde ahí, favorecer la integración laboral plena, libre y digna.

Las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada de gestión migratoria y desde finales de los años 80, España ha aprobado 5 procesos de esta naturaleza: 3 con gobiernos del PSOE y 2 del PP. A nivel de la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

Apostar por una política migratoria que sitúe a las personas en el marco de derechos y dignidad, permite ordenar este fenómeno con respeto a los derechos fundamentales y, además, aflora el pago de impuestos por estas personas y sus empleadores que ayudaran al bienestar general.

El debate político que ello genera pone también blanco sobre negro los posicionamientos de las fuerzas políticas y podemos ver quienes están o no por una convivencia en derechos y por un país más digno. Por todo ello, esta regularización me parece una medida necesaria que cuenta con mi apoyo.