El sentir popular granadino clama por cambiar nuestro funesto presente por un futuro más prometedor y comprometido con las demandas que nuestra postergada tierra implora. Tras el nefasto y cuarentón experimento en la Comunidad andaluza, debemos convertir esta negativa experiencia en pasajera pesadilla y buscar vías alternativas de solución para nuestra región.

La constitución de una nueva autonomía, con presupuestos propios, orientada exclusivamente al progreso y beneficio de Granada y su Reino, y con la asunción de la gestión directa de nuestros intereses -incluida la riqueza patrimonial que generan nuestros símbolos más emblemáticos, la Alhambra y Sierra Nevada, ahora expoliados por la autonomía andaluza-, comportaría un cambio radical para el futuro político, territorial y económico de nuestra tierra y sus gentes.

Esta solución, más que conformar una ideología tradicionalmente denominada regionalista, significa una recuperación de la identidad que ha pertenecido a este territorio desde hace ya muchos siglos. Más que hallarnos pues ante un resurgimiento del regionalismo, habría que definir el actual sentimiento que ha arraigado con fuerza en nuestras gentes como de restauración territorial y emocional.

Lamentablemente el concepto de regionalismo -factible en el sistema territorial anterior pero no en éste- es denostado sistemáticamente por los herederos del régimen andaluz de 1980, hasta el extremo de asimilarlo peyorativamente al cantonalismo, al independentismo o al federalismo radical, conceptos todos ellos por mí abominados, que defiendo la consecución de una autonomía dentro de los estrictos términos previstos en nuestra Constitución, por vía de sus artículos 143 y 144.

En el marco de la actual división territorial y administrativa de España, el concepto clásico de regionalismo está obsoleto, porque en puridad conceptual no se trata de convertir a Granada, Málaga, Almería y/o Jaén en una simple y limitada región, sino de restaurar el poder político y administrativo que han ostentado como Reino hasta 1833, pero con las actuales atribuciones competenciales de amplio espectro que proporciona la Constitución, y la única vía para ello es su organización como Comunidad Autónoma, una organización administrativa artificial e imperfecta, pero que es la que únicamente nos brinda la Constitución.

En pleno siglo XXI los resultados del desastroso y falaz ensayo andaluz nos empujan hacia otra solución político-administrativa, que más que emparentar con un regionalismo romántico, lo hace con una restauración territorial conforme al actual Estado autonómico.

Porque no es romanticismo el querer conformar y materializar una vía territorial más apropiada a nuestra historia y a nuestro presente, es simplemente justicia territorial. Y recuperando el poder perdido en 1980 se saldaría una deuda que ya es histórica…

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