El otro día fui acompañar a un amigo que vive en La Zubia a renovar el denei porque lo tenía caducado. La Comisaría de Policía a la que fuimos está en el Zaidín, cerca de la Plaza de las Columnas. Eran un poco más de las diez de la mañana. En la oficina estaban sólo los policías que atienden al personal, pero ningún ciudadano esperaba a ser atendido. Mi amigo dijo que quería renovarse el carné de identidad, pero el policía de la puerta le dijo que tenía que ser por cita previa, bien a través de Internet o bien llamando al 060. “¡Pero si no hay nadie esperando! ¿No podía renovármelo ahora?”, dijo mi amigo, que veía a través del cristal a los funcionarios cruzados de brazos. “Ya, pero son las normas: tiene que ser por cita previa”, dijo el policía. “Vaya, me va a costar venir otro día”, dijo mi amigo en plan lastimero. De pronto alguien se nos acercó por detrás y, como en una confidencia, nos dijo que en la esquina de esa misma calle había un pequeño negocio en el que se vendían las citas previas, que si pagábamos cinco euros podíamos irnos de allí esa mañana con el denei renovado. ¡Dios mío! ¡Se estaban vendiendo las citas previas como si fuesen las entradas de reventa de un espectáculo! ¡Un mercado negro en las mismas narices de la Policía Nacional! Mi amigo, que ha sido profesor de Literatura, dijo que en este país que ha inventado la novela picaresca, siempre habrá alguien dispuesto a sacar tajada de una situación. “No le des más vuelta, esta será siempre la tierra del Lazarillo de Tormes y de Guzmán de Alfarache”, dijo el versado de mi amigo.

La cita previa, esa imposición que llegó con la pandemia y que ha acabado convirtiéndose en una barrera en la relación de los ciudadanos con la Administración, ahora también la tienen algunos listillos como negocio. Eso sin contar que la cita obligatoria se ha convertido en un suplicio para muchas personas mayores que no tienen acceso a Internet y que se encuentran con una barrera insalvable a la hora de hacer una gestión. La cita previa puede ser una opción, pero nunca una obligación. Así que, por favor, acaben ya con esta práctica. Han pasado ya cuatro años de la pandemia y no hay razón para seguir tocando los cojones al personal.