La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha enviado una carta certificada a casi una treintena de profesores y profesoras interinos de Geografía e Historia bilingüe, en la que les comunica la propuesta de la misma del cese de su puesto de trabajo y expulsión de la bolsa bilingüe de Geografía e Historia por un error administrativo cometido por la propia Consejería en 2016. 

Las personas afectadas aprobaron los exámenes de oposición en la convocatoria de 2016 pero no obtuvieron plaza, siendo todo el proceso legal y conforme a derecho en virtud de la Orden 15 de marzo de 2016. Antes de 2016, la bolsa bilingüe era una bolsa extraordinaria, a la que se accedía sin oposición. A partir de ese año, la Junta decidió hacerla accesible mediante oposición.

Algunas personas que ya estaban en la bolsa bilingüe se sintieron perjudicadas y decidieron impugnar el procedimiento. Se presentó un recurso y un defecto de forma en la redacción de dicha Orden ha permitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla dictar sentencia favorable para el demandante, sin que ninguno de los afectados por esta impugnación fuese requerido ni informado por la Junta de Andalucía ni por el Juzgado, del proceso que les afectaba directamente para poder defenderse, pues al fin y al cabo, lo único que habían hecho mal había sido aprobar los exámenes de una oposición y cumplir con los requisitos que se requerían

La sentencia, al parecer, tiene como consecuencia el cese y la expulsión de la bolsa bilingüe de Geografía e Historia de un elevado número de profesores y profesoras, cuya única falta ha sido cumplir religiosamente con sus obligaciones laborales los últimos 5 años.

Los afectados no han sido notificados del proceso judicial en ningún momento por parte de nadie, no pudiendo ejercer sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución como es el derecho a la legítima defensa.

Para este curso 2021-2022, las personas afectadas están ocupando una vacante (no son sustituciones) que la Consejería les ha adjudicado en el proceso de colocación de efectivos para el curso 21-22, con nombramiento en el puesto de trabajo desde el 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 y todo apunta a que las van a cesar al terminar este primer trimestre, es decir que posiblemente no vuelvan a sus IES en enero.

Así que la situación es que, tras cinco años de servicio, en medio de una situación tan complicada como la de la pandemia, cumpliendo fielmente con el alumnado y con la administración, esta les “recompensa” mandándolos a la calle (¡una empresa que cuida a sus trabajadores!), en una especie de “damnatio memoriae”. Quizá todavía tengan estas personas que estar agradecidas a la administración porque no les pide que devuelvan los sueldos que han cobrado.

Pagar el pato de un error administrativo cuando lo único que se les puede reprochar es cumplir con los requisitos que en un momento determinado les ha exigido la administración, es una locura y un despropósito. La Consejería debe cumplir las sentencias de los tribunales, nadie lo pone en duda, y los derechos de los damnificados deben ser restituidos, pero, ¿es correcto hacerlo a costa de los derechos de otras personas?

Los responsables del error administrativo que da lugar a esta situación probablemente no hayan recibido notificación alguna, de la noche a la mañana, en la que se les cesa de su puesto de trabajo, aun habiendo sido los auténticos responsables de esta situación. Sigue siendo navidad para ellos.

Tras cinco años de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras afectadas tienen proyectos de vida, cargas familiares, la esperanza de poder salir adelante. Esta situación, si se materializa, romperá la vida de los mismos, que tendrán que volver a empezar de cero después de 5 años de servicio (como si no hubieran existido) a una administración que mira para otro lado ante una situación que ella misma ha provocado. Da igual qué color político tenía quien cometió el error y quién tiene que arreglarlo, nosotros somos los administrados y no los administradores.

Pero el asunto no se queda en los docentes y las docentes. ¿Qué hay del alumnado? ¿No le va a afectar esta situación, especialmente al de segundo de bachillerato, que deberá adaptarse a una reestructuración de su equipo educativo?

Si la Consejería no articula una solución aceptable, las personas afectadas tendrán que recurrir a los tribunales, en la esperanza de que es de derecho que uno no tiene que pagar por un error que no ha cometido, pero, mientras tanto ¿de qué comerán?, ¿cómo se pagarán las hipotecas que les permitió contraer su trabajo?, ¿cómo mantendrán a sus hijos y a sus hijas? Muchas personas habrán tenido que desplazarse de provincia seguramente, alquilar vivienda, organizar su vida familiar en el lugar de destino, y ahora al terminar el primer trimestre ¿qué hacen con todo eso?

La clase política vendrá pronto a pedir el voto, a decir que la oposición es inepta, que ellos no han podido arreglar las cosas porque no los han dejado o que en el futuro nada será como antes y todo mejorará de modo increíble. Cambiarán de puesto los que nos administran y, aunque se hayan equivocado, aunque “hayan cometido un error administrativo” que puede arruinarle la vida a mucha gente, ellos seguirán felices en sus puestos, accederán a importantes sillones y despachos como recompensa por sus servicios prestados, gozarán hasta de prestigio social, mientras los afectados por sus actuaciones sufren las consecuencias.

Soy maestro jubilado, durante casi 40 años he prestado servicios en la escuela pública en la que he creído y por la que he luchado y viendo estas situaciones me indigno. Siento mucha pena y tristeza, hasta rabia, al ver cómo tratamos a nuestros profesionales y qué poco parece que importa la educación.

¿Es esto lo que nos merecemos? Si es así, que paren el mundo que yo me bajo.