Todo apunta a que, en los próximos meses, por lo menos hasta las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, vamos a asistir a otra guerra del agua entre comunidades en las que el factor determinante no va a ser el color político de cada Gobierno regional, sino la rentabilidad interna, medida en votos, que se le pueda sacar a la situación de déficit hídrico que soportan las autonomías del arco mediterráneo. Andalucía tiene mucho que decir en esa guerra porque también tiene mucho que perder. El Plan Hidrológico del Tajo, que en la actualidad está pendiente del dictamen preceptivo del Consejo de Estado, va a significar una reducción sustancial de los caudales del trasvase Tajo-Segura, imprescindibles para mantener las producciones agrarias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Según cálculos de la Consejería de Agricultura de Andalucía, el recorte sería de unos 105 hectómetros cúbicos respecto a los 290 que reciben las tres comunidades afectadas. Las consecuencias del cambio climático, la persistencia de la sequía y la necesidad de mantener unos caudales ecológicos hacen muy difícil continuar trasvasando los volúmenes de los últimos años. Pero el mazazo que se le quiere dar a la agricultura de las zonas afectadas significaría una grave crisis apara el sector. Valencia, gobernada por los socialistas, y Murcia, en manos de los populares, han abierto un frente común contra el proyecto del Gobierno y de Castilla-La Mancha. Andalucía también ha puesto sus cartas encima de la mesa al considerar "gravemente lesiva para los intereses de la comunidad" la nueva planificación que fija el plan que se pretende implantar, que pondría en situación muy comprometida un sector de tanta importancia en la región como el de la agricultura intensiva de Almería. La guerra está servida. Hay en juego muchos intereses y no sólo económicos y sociales. El agua y la solidaridad entre territorios son también argumentos políticos de primer orden e importantes armas electorales.