En general los ciudadanos no nos preocupamos demasiado de la economía salvo cuando nos tocan el bolsillo. Y, desde hace ya tiempo, la economía se mueve en un terreno turbulento del que no termina de salir. Como si del día de la marmota se tratase, las crisis económicas van pasando una tras otra por nuestras vidas sin que nos dé tiempo a recuperar la sonrisa desde el año 2008: la crisis del ladrillo, el coronavirus y por último la inflación.

Y ahora, que nuestros bolsillos están sufriendo cada vez más, no paro de recibir preguntas de amigos y conocidos: "¿Niño qué es eso de la inflacción que sale en la tele?", "He visto que sube el euribar ¿me va a subir la hipoteca?", "¿A mí me afecta eso del impuesto del partimonio?",... 

Es totalmente comprensible que el ciudadano medio no conozca los conceptos económicos y mucho menos su funcionamiento. Y es habitual que le echemos la culpa de nuestros problemas a Europa, al americano o al chino olvidándonos de que nuestros políticos tienen mucha culpa de ello. Y, cuando nos acordamos de nuestros políticos, nos quejamos y maldecimos sus actuaciones como si hubieran sido elegidos por imposición divina y siguiéramos viviendo en el antiguo régimen, cuando no podíamos hacer nada por cambiarlos.

La raíz del problema reside en que realmente el ciudadano medio no entiende si las medidas que se están tomando son buenas o malas. Muchos políticos nos endulzan sus propuestas económicas para que parezcan totalmente razonables, aprovechándose de la ignorancia que el ciudadano medio tiene en temas económicos.

¿Y quién es el culpable de la ignorancia del ciudadano? Evidentemente si a una persona no le han explicado nunca el peligro que tiene una tarjeta de crédito, la usará indiscriminadamente sin saber que pagará por sus compras unos intereses del 20% cada año.

Pero esa ignorancia se solucionaría rápidamente si los conceptos económicos se explicaran en el instituto. No es necesario profundizar mucho para que un alumno de 15 años comprenda la relación que tiene el Euribor con las hipotecas variables o la pérdida de valor que tiene su dinero en una situación de inflación.

Desde el año 2015 se introdujeron varias asignaturas relacionadas con la economía y la empresa. Aunque eran asignaturas optativas, el alumnado podía terminar la etapa obligatoria conociendo el funcionamiento del sistema de pensiones, los derechos que otorga tener un seguro o las diferencias entre una tarjeta de crédito y de débito. Además, si escogía las optativas en bachillerato, aprendería los trámites básicos para montar una empresa o el cálculo y funcionamiento de los intereses derivados de una hipoteca. Sin embargo, con la nueva reforma educativa introducida en 2022 (LOMLOE), el Gobierno central ha eliminado muchas de estas asignaturas optativas, dejando en mínimos los conceptos económicos que el alumnado aprende en el Instituto y quitando la posibilidad de ampliar su formación financiera aunque sea de manera optativa.

Y, para sorpresa de las asociaciones de profesores de economía (AADES y CEAPES), la Junta de Andalucía no ha ampliado este tipo de asignaturas en el borrador de currículo autonómico que ha publicado, e incluso ha eliminado algunas asignaturas que eran de carácter autonómico (Al contrario de otras comunidades como Castilla y León, Murcia o Valencia)

¿A quién beneficia que nuestros alumnos y alumnas lleguen a su etapa adulta sin saber las consecuencias que tiene una bajada o subida de impuestos? ¿Queremos como sociedad que los futuros adultos sepan cómo funciona una hipoteca o la declaración de la renta? La respuesta a estas preguntas parece obvia porque todas las personas al llegar a su vida adulta han tenido que tratar con un banco o con hacienda en algún momento, pero mientras nuestro gobierno (tanto central como autonómico) no le de peso a la economía en el Instituto la sociedad seguirá sin poder enfrentarse a sus problemas financieros y continuaremos siendo engañados fácilmente con propuestas económicas superfluas y grandilocuentes.