Corresponde a la administración la planificación del Sistema Educativo Público de Andalucía, que, según la legislación, está compuesto por los centros docentes de titularidad pública y los centros privados concertados. A este respecto, la Consejería de desarrollo Educativo y Formación Profesional, determinará la oferta educativa, es decir, las plazas escolares disponibles en cada uno de los niveles de enseñanza. Tanto en la enseñanza básica, como en el Bachillerato, esta oferta debe garantizar la gratuidad, lo que implica que, en estos niveles, la administración está obligada a ofertar suficientes plazas escolares, sea en centros públicos o bien concertando con centros privados. En otros niveles, particularmente en la FP, si bien el sector público tiene una presencia importante por el número de centros, conciertos con centros privados o ayudas al alumnado, la administración no tiene las mismas obligaciones.
Precisamente la opción de los estudios de FP ha ido creciendo de forma significativa en los últimos años, en los que, en Andalucía, la matrícula se ha más que duplicado, superando ya en números absolutos al de estudiantes de Bachillerato. ¿Cómo se ha respondido a este notable incremento de la demanda? Pues resulta que, en centros públicos, el alumnado matriculado de Grado Medio ha aumentado en torno a un 7%, mientras que el de los que cursan estudios en centros privados lo ha hecho casi en un 50%. En los ciclos de Grado Superior las cifras son todavía más llamativas: el aumento de la matrícula en centros públicos ha sido del 35%, mientras que en los centros privados ha llegado al 200%. Es decir, ante el aumento de la demanda de plazas, en FP la política de escolarización se ha caracterizado por la inhibición del sector público y la masiva penetración del sector privado, lo que supone que, aunque existen ayudas y conciertos, el acceso a estos estudios es cada vez más costoso y se hace cada vez más difícil para las familias con menos recursos.
En lo que respecta al segundo ciclo de la Educación Infantil, Primaria y ESO, la trayectoria de los últimos años ha estado marcada por el descenso de la natalidad, es decir, por la reducción de la demanda de plazas escolares. Frente a esta realidad, la administración ha optado por la correspondiente supresión de unidades escolares: en torno a 2.000 en los últimos años en Andalucía. Ahora bien, resulta que esta supresión, justificada por el descenso de la natalidad, afecta fundamentalmente al sector público, mientras que en el sector de la enseñanza privada se mantiene el número de unidades concertadas, incluso, en algunos casos, aumenta. Entonces, cabe preguntarse ¿es que el descenso de la natalidad no afecta a las familias que envían a sus hijos e hijas a la enseñanza concertada? La demanda de plazas escolares también ha disminuido en este sector, pero, a pesar de ello, mediante los conciertos, la administración mantiene el mismo número de unidades escolares y, por tanto, la oferta de puestos escolares. En esto consiste aquí la política de escolarización. El efecto más relevante de esta política es que las vacantes se mantienen en el sector privado y se reducen en el sector público, lo que provoca un trasvase de alumnos de la pública a la privada, especialmente en grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, que es donde mayoritariamente se ubica la enseñanza privada. De esta forma, se genera una espiral que lleva al progresivo deterioro de la enseñanza pública, que pierde alumnos, recursos y prestigio.
Las políticas de escolarización no vienen dadas por la naturaleza de las cosas ni se atienen a circunstancias sobrevenidas de consecuencias inevitables. En la FP, el aumento de la demanda podría haber sido afrontado por el sector público, pero, en virtud de una deliberada política, se ha dejado en manos del sector privado con todas sus consecuencias. En la enseñanza básica, el fenómeno contrario, la disminución de la demanda de plazas escolares debido al descenso de la natalidad, podría haberse abordado mediante la reducción de la ratio escolar, o extendiendo sus efectos también a la enseñanza concertada; pero, en virtud de una deliberada política, se ha optado por suprimir unidades de centros públicos e incrementar el peso relativo del sector privado, con todas sus consecuencias.
