El pasado 28 de agosto el Parlamento Europeo admitió la petición de la Plataforma para la Defensa Río Castril y los Ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza "en contra del trasvase del río Castril y la sobreexplotación del acuífero de Baza", y ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre estos problemas. Este hecho reactiva, una vez más, este largo, doloroso e innecesario conflicto que dura ya 20 años. Es necesario aportar propuestas positivas y, paradójicamente, la tardía declaración de la masa de agua subterránea Baza-Freila-Zújar en ‘riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo’ por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el pasado 22 de julio puede ser una ocasión para ello. La de declaración de sobreexplotación (en su denominación tradicional) es legalmente necesaria y potencialmente muy positivo, con la condición de que se cumplan todos los procedimientos establecidos en la normativa en la que se apoya, la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La condición fundamental para que se produzcan esos efectos positivos es la transparencia de todo el proceso y la participación activa de los usuarios afectados, sobre todo la mayoría social de usuarios legalmente establecida en el territorio. Esto exige voluntad de informar y dar voz a los que menos la tienen.
La declaración no se puede presentar como un castigo o una maldición sino como un paso muy importante para hacer frente a una realidad: el deterioro de un acuífero, un patrimonio común muy valioso, con el que los usos tradicionales urbanos, industriales y, sobre todo, agrícolas arraigados en el territorio han convivido en equilibrio durante mucho tiempo. La causa de la sobreexplotación, como en otros casos que venimos analizando en otros lugares de Andalucía y de toda España, son las nuevas actividades agro-industriales, de gran consumo agua y carga contaminante, y frecuentemente ilegales, que han esquilmado los recursos disponibles. Unos recursos, además, en descenso a consecuencia del impacto del cambio climático, derivado de un factor indudable: el aumento de la evaporación y la transpiración que reducen el agua disponible, a la vez que aumenta las necesidades vegetativas de los cultivos.
La declaración de sobreexplotación del acuífero puede ser un instrumento fundamental para hacer frente y remediar esta situación: fracasada la obligación de conservar o restaurar el buen estado de las masas de agua, la administración hidráulica debe reconocer la situación y adoptar las medidas que corresponden para solucionarlo. La Ley de Aguas establece que la Junta de Gobierno de la Autoridad hidrográfica puede declarar que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico. Pero el Reglamento de Dominio Público Hidráulico añade que la declaración se podrá hacer a propuesta de la comunidad de usuarios o a instancia de usuarios que acrediten estar utilizando, al menos, la mitad del volumen medio interanual extraído (artículo 171): esta hubiera sido, y debe de ser en otros casos de acuíferos del Altiplano de Granada afectados por los mismos problemas, el procedimiento más adecuado, porque implica protagonismo, una actitud activa y comprometida de los que realmente tienen que abordar los problemas.
A partir de ese momento (22 de julio), en el plazo de seis meses, la Confederación debe de constituir una comunidad general de usuario (CUMA), después de haber identificado y publicado, con su correspondiente proceso de información pública, el censo de usuarios, que incluirá a las comunidades de regantes existentes, poniendo negro sobre blanco la lista de quién y en qué cantidad está utilizando legalmente el agua del acuífero. A continuación, previa consulta con esta comunidad de usuarios, la Confederación aprobará en el plazo máximo de un año un programa de actuación para la recuperación del buen estado del acuífero, estableciendo el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos. Y en este punto aflora el tema clave: ¿con qué criterios se va a definir el reparto de la reducción de extracciones que esta explotación racional, después de erradicar los usos abusivos, pudiera exigir? La Mesa Social del Agua de Andalucía, basada en la experiencia de 7 años de debates y en las conclusiones científicas del proyecto de investigación TranAgro-Hacia Una Transición Hídrica Justa en la Agricultura, tiene una propuesta clara: el reparto debe de ser justo, debe de penalizar a los mayores responsables de la sobreexplotación y tiene que garantizar la supervivencia de la agricultura familiar, social, profesional y arraigada en el territorio que forma parte imprescindible de la solución duradera del problema.
