El Ayuntamiento de Castril, localidad situada en el Norte de la provincia de Granada, ha lamentado que la investigación judicial sobre supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos de la Fundación Centro José Saramago, dedicada al premio Nobel de Literatura en esa localidad, se haya "cerrado en falso" después de ocho años de instrucción.

Esta administración, que ejerció la acusación en ese caso, se ha referido en un comunicado remitido a Efe al "largo etcétera de despropósitos" que se han producido -a su juicio- durante el proceso de la investigación seguida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar, también en el Norte de Granada.

"Deja al descubierto la desidia con la que se ha realizado la investigación, cuando no falta de voluntad real de hacer una a fondo sobre el tema, dando la impresión de que lo que se pretendía era dejar morir la investigación, alargándola en el tiempo, como así ha sido", ha advertido el Consistorio.

Asimismo, esta acusación ha indicado que, por falta de recursos, no ha podido poner en manos de la Fiscalía más datos que pudieran haber evidenciado, cuando menos, alguna "irregularidad patente".

"Consideramos que desde el Juzgado de Instrucción de Huéscar se ha actuado con desidia y falta de voluntad real de haber investigado a fondo los posibles delitos cometidos en la gestión de la Fundación Centro Jose Saramago de Castril", ha sentenciado.

Según recoge un auto al que tuvo acceso EFE esta semana y contra el que cabe recurso, el juzgado ha considerado que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados. La causa se remonta a julio de 2014, cuando la Fiscalía interpuso denuncia por unos hechos que presentaban características que hacían presumir la posible existencia de infracciones penales.

Los hechos que se le imputaban en la denuncia inicial al exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), quien ejerció el cargo de director gerente de la Fundación José Saramago hasta febrero de 2012, serían no haber justificado en modo alguno el destino de distintas subvenciones públicas.

De este modo, explica el auto, podría haber incurrido en la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida y fraude de subvenciones.

Según el juzgado, de la lectura de los hechos denunciados y de las diligencias practicadas se desprende que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa".

Entre otras cuestiones, indica que en todos los delitos imputados inicialmente al exregidor los indicios contra él son "sumamente débiles" y que no consta que hubiera dictado ninguna resolución arbitraria en un asunto administrativo, ni tampoco existe ánimo de lucro exigido.

Tras las diligencias practicadas, el juzgado sí aprecia un "más que posible incumplimiento" por parte tanto del director gerente de la Fundación como del patronato de la misma de las obligaciones que les imponían los estatutos, la Ley de Fundaciones estatal y la Ley de Fundaciones autonómica.

Por tanto, de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía en un informe de noviembre de 2021, se decreta archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones que le pudieran corresponder a los posibles perjudicados en la vía civil o administrativa