La Diputación de Granada sube casi un 5% su presupuesto hasta alcanzar los 289 millones
En las nuevas cuentas anuales de la institución provincial priman las políticas sociales y las inversiones en servicios públicos
El proyecto del presupuesto consolidado de la Diputación de Granada para el año 2021 asciende a 289,53 millones de euros en ingresos (4,71% más) y a 289,1 millones en gastos (5,53% más), unas cuentas que se debaten en Pleno este martes y que priman las políticas sociales y las inversiones en servicios públicos.
El diputado de Economía y Patrimonio, Antonio García Leiva (PSOE), explicó que el principal incremento se produce en el presupuesto de la propia Diputación de Granada, que crece en más de 9,3 millones, y en la empresa Visogsa, que eleva sus previsiones de ingreso para el ejercicio 2021 en más de 3,6 millones.
Por capítulos, dentro del presupuesto de gastos, destaca el referido a las aportaciones a entidades dependientes y a entidades locales, que asciende a más de 81,8 millones y representa casi un tercio del presupuesto, ha informado la Diputación.
Este capítulo registra un incremento de 12,7 millones, que supone un 18,47% más que en 2020, e incluye las transferencias a municipios y consorcios, que suman más de 69 millones. Esta cantidad representa un 21,75% más que en el ejercicio 2020, aspecto "de vital importancia" para los ayuntamientos.
Este aumento de transferencias a las entidades locales se produce fundamentalmente por la subida de la inversión en gasto social. Las transferencias previstas para el servicio de ayuda a domicilio del Programa de Dependencia pasan de 40,2 millones a 51,8 millones.
Por áreas, destacan las partidas destinadas a protección y promoción social y, en concreto, 4,4 euros de cada 10 euros del presupuesto (un 44,20%) se destinan al gasto social, que pasa de 107,8 a 118,4 millones de euros, es decir 10,6 millones más.
Este dato, según el diputado de Economía y Patrimonio, evidencia la apuesta de la Diputación por las políticas sociales, "esenciales siempre, pero mucho más por los efectos de la crisis sanitaria", señaló.
También destaca el aumento del gasto en servicios públicos básicos, que pasa de 32,8 a 35,8 millones, con un incremento superior a los 2,9 millones, que representa un 9,07% más que en el presente ejercicio.
En este caso, sobresalen las actuaciones que afectan al abastecimiento domiciliario de agua, cuya inversión se duplica, la protección y mejora del medio ambiente y otras medidas con el objeto de paliar en la medida de lo posible las consecuencias derivadas de la pandemia, afirmó García Leyva.
Las inversiones previstas para 2021 ascienden a 46,56 millones de euros y, en este apartado, el diputado ha resaltado la anualidad del Plan de Obras y Servicios, con un importe superior a los 6,2 millones y la novedad de que el próximo año los ayuntamientos no tendrán que realizar ninguna aportación para cofinanciar las obras.
Además, la Diputación de Granada complementa el presupuesto con la utilización de remanentes, que suman casi 26 millones en la primera fase. En este sentido, García Leiva subrayó que se trata de inversiones extraordinarias que hay que añadir a las previstas en el presupuesto de 2021 y que tienen como objetivo incidir en la reactivación económica.
Vox y PP presentan sus enmiendas
El grupo popular en la Diputación de Granada presentó un paquete de enmiendas al presupuesto provincial para 2021, en relación a proyectos como el Geoparque, la recogida de residuos urbanos, los caminos vecinales y las viviendas cueva, entre otros asuntos. Los populares proponen la creación del Patronato de la Cueva del Agua, “tal y como se comprometió el presidente de la Diputación en el pleno del mes de noviembre al modificar la ficha del inventario sobre la titularidad de la Cueva del Agua”. Por su parte, Vox presentó una enmienda a la totalidad del proyecto denunció que los plazos fijados por el gobierno de esta institución “no son compatibles ni con la legalidad, ni con el más mínimo tiempo razonable para poder estudiar” la documentación. La diputada de Vox Cristina Jiménez aseguró que “no se han cumplido los diez días mínimos de plazo de los que debe disponer la Intervención para la realización de su informe fiscalizador” y afirmó que existen discrepancias desde la Intervención respecto al expediente.
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