La Fiscalía investiga a Robles y dos diputadas por un delito de cohecho

La Fiscalía Provincial de Granada está analizando la actuación del portavoz del PP en la Diputación, José Antonio Robles, y de las diputadas Teresa Fernández del Moral y María Victoria Molina Ramírez, en Morelábor, después de que fueran denunciados por el PSOE por supuestamente ofrecer empleo a dos concejales tránsfugas a cambio de que apoyaran la moción de censura contra el que fuera alcalde de la localidad, Joaquín García. El Ministerio Público considera que, de ser ciertos los hechos denunciados, éstos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho, por lo que ha decidido incoar diligencias de investigación penal.

En el decreto de incoación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía recoge la información que la secretaria de Organización del PSOE de Granada, Mercedes González, le transmitió el pasado 27 de noviembre, en la que alertaba que Celedonio Jiménez y Belinda Clares, los ediles electos en Morelábor por el PSOE, se habrían visto forzados a aceptar suscribir la moción por su situación "económica y familiar", dado que las diputadas mencionadas les ofrecieron a ambos "un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Guadix".

Tras eso, Jiménez y Clares firmaron el 4 de noviembre con los concejales del PP José Montalvo y Manuel Garófano y con el fin de destituir a García la moción, que prosperó dando la Alcaldía a Montalvo. Aquel día la diputada provincial Josefa Caballero y Perfecto Álvarez, militante socialista, se reunieron con Clares y Jiménez en el domicilio de este último. En aquel lugar, recoge la denuncia, Clares manifestó precisamente que tuvo que aceptar la oferta de las diputadas, quienes afirmaron actuar igualmente en nombre de Robles.

Por ello, y "sin perjuicio del resultado de la presente investigación", la Fiscalía considera que los hechos tienen prima facie relevancia penal, puesto que podrían incurrir en un posible delito de cohecho, que conllevaría de dos a seis años de prisión, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años.

El Ministerio Público ordena de este modo dar traslado del decreto, de fecha 23 de enero, a los dos ediles supuestamente implicados así como a los denunciados, a fin de que presenten las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de quince días.

En una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 15 de enero, Clares y Jiménez, que estuvieron acompañados por la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, negaron haber recibido favores a cambio de promover la moción de censura y defendieron la labor que ahora realiza en el municipio el nuevo alcalde, el 'popular' José Montalvo.

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