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Infraestructuras

El Gobierno de España realiza una inversión para mejorar la infraestructura hidráulica de la provincia

Imagen de archivo del Embalse de Canales

Imagen de archivo del Embalse de Canales / Carlos Gil

La provincia de Granada recibirá una inversión superior al millón de euros para ejecutar distintas actuaciones de mejora de infraestructuras para asegurar el abastecimiento de agua a la población, además de asegurar un aprovechamiento más eficiente por parte de las comunidades de regantes. Una batería de ayudas contempladas en el Real Decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó este pasado jueves de forma extraordinaria para hacer frente a la sequía. 

Ayudas que el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha desgranado en la Subdelegación del Gobierno en Granada y que contemplan actuaciones por valor de 15,4 millones de euros en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. Por su parte, en la provincia de Granada, las inversiones previstas se centran en las actuaciones para pozos de emergencia para abastecimiento a la ETAP de El Chaparral, en Albolote, que supondrá el desembolso de más de 745.000 euros; o la adecuación de la toma de la comunidad de regantes del Canal de Jabalcón en el embalse del Negratín, por valor de 125.000 euros, lo que "permitirá mejorar la extracción de agua del embalse ante la bajada significativa del nivel del mismo"; o el acondicionamiento de obra de toma de los regantes de Deifontes - valorado en 63.122 euros-. 

Fernández ha detallado de igual forma que, las medidas contempladas para hacer frente a la sequía supondrán, sólo las exenciones fiscales,  un ahorro de 40 millones de euros para los agricultores de Andalucía, a lo que se sumará el resto de medidas urgentes adoptadas y que beneficiarán al territorio andaluz. Se trata del "segundo decreto de sequía que aprueba el Gobierno de España respondiendo a las exigencias de una realidad que afecta con fuerza al sector primario de todo el país, pero de forma muy directa a Andalucía". Unas medidas coordinadas por los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica por valor de 2.200 millones de euros para los agricultores que hayan tenido una reducción superior al 40%, "que en el caso de Andalucía supondrá un ahorro de 40 millones de euros".

Además de las ayudas que el Ejecutivo central destinará al sector primario que ronda los 784 millones de euros y que alcanzará a más de 265.000 agricultores, ganaderos y apicultores. 

Por otra parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, ha incidido en la inversión que se realizará en las provincias de Málaga y Almería para llevar a cabo dos desaladoras en el horizonte de 2026 o 2027. Aunque ha explicado que "tendrá que ser la Junta de Andalucía la que decida la ubicación de las mismas". 

Desaladoras, la esperanza frente a la sequía

En mitad de la sequía que experimenta una gran parte de España, en la que agricultores, ganaderos y empresarios miran al cielo con la esperanza de que llegue la ansiada lluvia, el Gobierno plantea la construcción de diversas desaladoras como una solución a largo plazo que, sin embargo, pasan de largo en la provincia de Granada, al menos de momento. En esta zona de la comunidad, empresarios y tejido social sigue esperando, entre otras cuestiones, que se lleven a efecto las canalizaciones de Rules para poder abastecer a una buena parte de la provincia. 

Al hilo, el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ha indicado a Granada Hoy que la principal preocupación de los agricultores de la Costa es Rules y sus canalizaciones, aunque es cierto que, de estar ya hechas y en funcionamiento, el panorama podría ser muy similar al de las provincias limítrofes,  por lo que "habría que empezar a mirar al futuro de la provincia", y este podría pasar por la construcción de una desaladora.  "Creo que las administraciones tienen que pensar a largo plazo, y que si las sequías van a ser cada vez más importantes y los recursos hídricos estarán cada vez más complicados, además de los terciarios y de las aguas recicladas, habría que pensar en que todas las cuencas cuenten con una planta desaladora para echar mano y que no vuelva a ocurrir lo mismo. Si esto se hubiera planteado hace años, posiblemente nos estaríamos quejando de que el agua nos está costando mucho por los costes, pero no se daría la situación de emergencia que hay en Río Verde". 

Moreno ha incidido que por "emergencia" hay que "luchar" y "reivindicar" por las conducciones de Rules, pero en un futuro "no muy lejano", "teniendo en cuenta que las sequías son coyunturales y que cada vez van a más, sería bueno tener preparada alguna instalación para futuro". 

Construir una planta desaladora supone un plazo de tiempo que oscila entre los 4 a 5 años, incluyendo la tramitación de los permisos necesarios, por lo que ha remachado la importancia de plantear una desaladora en la Costa que sea compatible con las canalizaciones de la presa de Rules.

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