El Gobierno podría expropiar pisos, chiringuitos y hoteles que se encuentren cerca del mar, a cambio de ceder a los actuales propietarios su uso durante un periodo de 30 años, que podrían ser prorrogables a otros 30 más, en función del caso y circunstancias de cada dueño. Asimismo, determinaría un máximo de 75 años para las concesiones destinadas a actividades desarrolladas en el litoral.

Si esta normativa se aprobara, podría llegar a afectar a determinadas zonas de la costa de la provincia de Huelva con propiedades que se encuentran actualmente prácticamente a los pies del mar, dentro de la línea marítimo terrestre. De esta forma la normativa también tendría efectos sobre los paseos marítimos colindantes con las zonas de playa.

Así se desprende de la nueva modificación del Reglamentos General de Costas en el que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica con el firme objetivo de paliar el avance del mar como consecuencia del calentamiento global. Un documento que está siendo revisado una vez que el Tribunal Supremo tumbara parte del texto a principios de año, concretamente en el mes de enero por defecto en la tramitación. 

Y es que según añade el Ministerio, la zona litoral donde convergen rocas, paseos marítimos, playas de arena, agua y olas es "especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar vinculada al cambio climático".

Fotografía de una de las playas de la costa de Huelva.

Si se aprueba esta normativa, en el caso de que un particular tenga una casa, un piso o un apartamento en un terreno que, debido a la subida del nivel del mar, pasa a estar dentro de la línea marítimo terrestre, pasaría a ser de dominio público. Esto lo convertiría en un inmueble o infraestructura propiedad del estado y este se lo podría ceder al antiguo propietario, es decir, el dueño que había tenido ese inmueble hasta ahora, por 30 años y cualquier reforma tendría que ser aprobada por el nuevo dueño, o en otras palabras, el propio Estado. También la tendría en caso de querer traspasar la concesión, porque el estado tendría derecho de tanteo, que es el derecho a compra o también a consultarlo si quisiera hipotecarla. Un vez terminada la concesión, el estado puede decidir qué hacer con la propiedad, incluida su demolición.

Al parecer, el Tribunal Constitucional ya se pronunció hace años y sentenció que era perfectamente constitucional que la indemnización por esta expropiación consistiera en una concesión. Por otra parte, el nuevo Reglamento tiene como objetivo unificar los criterios que existen sobre qué se puede y qué no hacer en las inmediaciones de una playa a fin de evitar en el futuro la acumulación de personas.

De momento, el Gobierno ha llevado a cabo una "consulta pública previa" sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaría un decreto anterior del año 2014, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas. Y una vez redactado el borrador completo de la norma, también se someterá a información pública.