La viuda del guardia civil José Manuel Arcos, fallecido al recibir un disparo en acto de servicio en octubre de 2018 en Huétor Vega (Granada), ha apelado ante la Audiencia Nacional la negativa del Ministerio del Interior a sufragar los más de 334.200 euros de compensación establecidos en la sentencia para ella y sus hijos. Esto ocurrió después de que el individuo condenado por la muerte del agente fuera declarado insolvente.

El Tribunal Provincial de Granada sentenció a este individuo, un delincuente común conocido como el 'Kiki', a una pena de 22 años y medio de prisión. Este hecho ocurrió después de que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 arrebatara el arma reglamentaria al agente Arcos durante una persecución. En el forcejeo resultante, disparó y acabó con la vida del agente.

Una vez que la Audiencia de Granada declaró la insolvencia del acusado para hacerse cargo de las indemnizaciones, la viuda y los hijos del agente Arcos recurrieron al Ministerio del Interior con el objetivo de que asumiera el coste bajo el argumento de que este empleado público murió en acto de servicio y la Administración tiene la obligación de resarcirles del daño causado.

No obstante, el Ministerio del Interior ha rechazado asumir las indemnizaciones con el "argumento de que no son víctimas directas", según relata a Europa Press el letrado que representa a la familia, Javier López García de la Serrana, del bufete jurídico HispaColex, quien censura que el Ministerio haga "caso omiso" a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que existe a este respecto.

El asunto se ha visto en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está ya pendiente de que se fije la fecha del señalamiento para votación y fallo, según ha avanzado el diario Ideal.

La "lucha judicial" emprendida por la viuda y los hijos del agente Arcos está suponiendo "una durísima prueba, tanto emocional como psicológica", que se suma a la trágica pérdida del padre de familia y al proceso penal que se vivió tras su muerte. Por ello, desde el despacho que les representa se ha remitido un reciente escrito en el que se solicita a la Sala que, "por razones psicológicas y humanitarias, dé conocer cuanto antes la fecha del señalamiento para votación y fallo de la sentencia" en este procedimiento.

El letrado García de la Serrana argumenta que de todo el elenco legislativo existente se deriva "sin discusión que, los perjuicios sufridos por Guardias Civiles o por agentes de Policía de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo".

A ello suma que la sentencia 1003/2020 de 15 de julio de 2020, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, aclara que los daños causados por el delincuente declarado insolvente se deben resarcir directamente al lesionado o a sus herederos, por lo que, según recalca, "carece de sentido y lógica negarle la indemnización a la viuda e hijos del Guardia Civil José Manuel Arcos, con el argumento de que no son víctimas directas".

"Lo que está haciendo el Ministerio es una infamia para con las familias de los Guardias Civiles asesinados", ha censurado el letrado, recalcando que actualmente hay otros cinco agentes de la Guardia Civil asesinados con familias en una situación similar y ha confiado en que el proceso impulsado por la viuda e hijos del agente Arcos ante la Audiencia Nacional pueda "abrirles el camino" a ellos también.