El PSOE de Granada ha lamentado que la actuación judicial en el caso Maracena "condicionara el desarrollo y el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo y que haya afectado a la imagen de responsables públicos".

Tras las decisiones en el ámbito judicial que han trascendido esta semana, los socialistas, a partir de un "escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, consideran que hay actuaciones no urgentes del Poder Judicial que pueden interferir en el desarrollo limpio y en igualdad de armas de las elecciones".

Así, han apuntado que tras levantarse el secreto de sumario por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada y elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y a tres días de los comicios locales, "de inmediato, todos los medios de comunicación, tanto a nivel provincial como nacional, tuvieron acceso a las declaraciones en sede judicial de la víctima del secuestro y del presunto secuestrador, que acusaba a distintos cargos políticos de haber inducido y ser conocedores del secuestro".

Según han añadido, "durante los días previos a la celebración de las elecciones, los medios han replicado las acusaciones del secuestrador, presentándolas como ciertas. Un hecho que ha tenido una incidencia notable en el desarrollo y los resultados de las municipales, no sólo en Maracena sino en toda la provincia y ha puesto en cuestión la limpieza del proceso electoral".

Días después, han indicado, "conocíamos un informe forense sobre el consumo de estupefacientes por parte del secuestrador que contradecía sus declaraciones en sede judicial. Con posterioridad, el TSJA ha decidido no incoar diligencias en relación a la persona aforada y devuelve el caso al juzgado por considerar prematura la remisión del asunto".

Los socialistas han incidido en que el Alto Tribunal andaluz, a todo esto, ha dicho que "no se habían practicado diligencias imprescindibles, en concreto, confrontar las declaraciones del secuestrador con aquellos a los que afectan", mientras que también el Juzgado de Instrucción ha excluido de la causa a los cargos políticos a los que había mencionado en el auto durante la campaña electoral.

Por último, han concluido que "no hay Estado de derecho si la ciudadanía no tiene confianza plena en la justicia y en su actuación ajena al debate político".