La Plataforma por la Defensa del Río Castril presentó recientemente una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) por considerar como una "indefensión" juridíca la disposición adicional de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, según este colectivo, está sirviendo para vulnerar la Sentencia del Tribunal Supremo que ordenó en 2011 la paralización de las obras del trasvase del río Castril. Esta situación se une a los últimos movimientos de la Confederación Hidrográfica que han creado malestar en la zona, donde hay un miedo real a los "trasvases encubiertos". Y es que cuando la plataforma entendía que existía consenso en las comarcas de Baza y Huéscar para plantear una gestión sostenible del agua respetando la calidad del agua y el patrimonio natural, ahora vuelve temor por que el conflicto estalle por otro lado.

Hacen referencia a la reciente reunión entre el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, y la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, con los alcaldes de los ayuntamientos del norte de la provincia y los representantes de los regantes. Un encuentro que, según la CGH, tuvo el objetivo de informar a estos agentes de la comarca del compromiso del Gobierno de asegurar el abastecimiento a Baza y el desarrollo de los riegos contemplados en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. En concreto, Páez quiso desmentir "rumores infundados aparecidos en la comarca" y asegurar que la CHG nunca ha contemplado una planificación en la que el agua del entorno de Huéscar y Baza y del río Castril sirviera para "ningún tipo de trasvase ni para completar alguno de los existentes". 

No lo ven de esta manera los representantes de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, quien en primer lugar no formaron parte de dicho encuentro y que además creen que "parece una vuelta a empezar ahora que ya había consenso en la comarca después de las ocho reuniones realizadas en el territorio". Por consenso se refiere a las alegaciones presentadas por Agapro (Agricultores Ganaderos y Productores de Andalucía Oriental) al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir en pos de un movimiento conjunto dentro de unos cabales que respeten los recursos, el ecosistema y el patrimonio natural.

Aportaciones, observaciones y sugerencias a la consulta de la CHG que fueron respaldadas por todos los representantes y alcaldes que han asistido a las citadas reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que ya se trasladaron al propio presidente de la CHG en persona en un encuentro que tuvo lugar en Sevilla.

La plataforma critica que se obvien las alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir

Desde la Plataforma por la Defensa del Río Castril indican que las alegaciones son fruto del consenso logrado en las diferentes reuniones mantenidas en las comarcas de Baza y Huéscar con alcaldes, regantes y movimientos sociales implicados a través de la asociación Agapro con el lema Unidos por el agua y el territorio. En dichas observaciones se aportan soluciones alternativas al trasvase con el objetivo de "resolver el conflicto del agua del río Castril, garantizando a su vez el abastecimiento a Baza, los nuevos riegos para los pequeños y medianos agricultores de la zona y los riegos tradicionales", en palabras de Miguel Ortiz, portavoz de la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

"De todas maneras la prueba de fuego de la voluntad real de resolver el conflicto del agua del río Castril lo veremos pronto, si de verdad se tiene en cuenta el consenso conseguido y el respeto al río Castril, uno de los mejores ecosistemas fluviales del sur de Europa, cuando salga la publicación del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) antesala del nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, sobre todo si se continua con el proceso de expropiación de los terrenos afectados por las obras del trasvase del río Castril, paralizadas y declaradas ilegales por el Tribunal Supremo", apunta Ortiz, para señalar estas incongruencias que acrecientan el temor sobre la posibilidad de que se acaben acometiendo “trasvases encubiertos”