El Supremo ampara a siete vecinos que denunciaron un convenio urbanístico

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Ogíjares contra una sentencia del TSJA que anuló un convenio urbanístico que suscribió con varias empresas promotoras e inmobiliarias y que permitió levantar varios edificios en la Jutiliana. Éstos superaban ampliamente el límite de altura marcado para la zona y su construcción fue denunciada por siete vecinos que alegaron que les tapaban las vistas a Sierra Nevada.

La justicia les dio la razón. En la sentencia del TSJA, emitida el 21 de enero de 2008, se especificó que no cabía "la menor duda" de que el convenio urbanístico, que fue suscrito ocho años antes, no se ajustaba a lo que marcaban las Normas Subsidiarias que por entonces regían en Ogíjares. El fallo aclaró también que las licencias de edificación concedidas por el Ayuntamiento tampoco podrían haberse justificado "al amparo de un futuro planeamiento, cuyos trámites ni siquiera se habían iniciado". Con eso hace referencia a que las Normas Subsidiarias fueron sustituidas por un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2003.

La citada sentencia no especificaba que los edificios tuvieran que ser derribados -a esas alturas ya estaban ocupados y el daño causado por esa decisión habría sido probablemente mayor- pero sí dejó la puerta abierta a una indemnización para los siete vecinos afectados.

El Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Supremo, que ha sido rechazado porque, según consta en su dictamen, "la voluntad del legislador ha sido residenciar en los juzgados unipersonales todos los temas relacionados con el Urbanismo procedentes de las administraciones locales, con la sola excepción de aquellas impugnaciones que pretendan cuestionar un instrumento de planeamiento, no siendo éste el supuesto que nos ocupa".

La alcaldesa de Ogíjares, Herminia Fornieles, dio ayer dos réplicas sobre la misma cuestión. Primero dijo que el PGOU de 2003 legalizó esas viviendas -algo que la sentencia del Alto Tribunal andaluz especifica que no podría haberse producido- y después, que si el Ayuntamiento tiene que afrontar las indemnizaciones, su cuantía la determinará un juez, no será una decisión que parta del Consistorio.

"En las condiciones en las que están ahora los municipios, ya me dirán de dónde voy a sacar el dinero; a ver si voy a tener que prescindir de media plantilla por ese motivo", precisó.

"Ningún vecino nos ha dicho todavía qué quiere, si una reparación moral o económica. Tampoco sé cómo se fijaría eso último", abundó la regidora, que se lamentó de que Ogíjares creciera en su día de la forma en que lo hizo. "Muchas otras casas tienen también pisos que le tapan las vistas, pero no sentencias favorables", finalizó.