El TSJA avala la improcedencia del despido del empleado que se negó a votar al PP

El TSJA ha desestimado un recurso del Ayuntamiento de Molvízar (Granada) contra la sentencia que declaraba improcedente el despedido de un empleado que se negó a votar por correo en las elecciones municipales tras las presuntas coacciones que le hizo un superior para que apoyara al PP.

El Juzgado de lo Social motrileño condenó al Ayuntamiento de la localidad a readmitir o indemnizar con unos 12.000 euros al trabajador despedido, Carlos Jiménez, a quien también se le debían abonar los salarios dejados de percibir.

La Sala de lo Social del alto tribunal andaluz ha confirmado ahora dicha sentencia, según han informado a Efe fuentes del caso y avanza hoy el diario "La Opinión de Granada", al entender que la cuestión básica por la que el Consistorio pidió la anulación del fallo era un argumento "nuevo", no expuesto durante el juicio.

El Ayuntamiento justificó el despido en la contratación de un operario de servicios múltiples, aunque la Sala del Tribunal Superior andaluz recuerda que sólo cabe centrar los recursos sobre aspectos planteados en la instancia y resueltos por la sentencia.

Aunque el trabajador también presentó un recurso contra la sentencia que declaraba improcedente el despido, para tratar de conseguir que fuera considerado nulo, finalmente optó por retirarlo, según ha informado hoy a Efe el propio Jiménez.

Paralelamente, la Fiscalía abrió de oficio una investigación sobre los hechos y formuló escrito de acusación contra el alcalde de Molvízar (Granada), Fermín García (PP), para quien pide 15 meses de prisión por, presuntamente, coaccionar junto a un encargado municipal -para quien pide la misma pena- a este empleado para que votase a su partido.

El Ministerio Público precisa que García, como alcalde, y el encargado municipal Francisco Arenas García, "en su afán de conseguir el mayor respaldo electoral", desde comienzos de mayo del pasado año "urdieron de común acuerdo un plan" para "forzar la voluntad" de determinados trabajadores del Ayuntamiento.

La finalidad, según el fiscal, era asegurarse de que el voto de los empleados y de sus familiares más cercanos iba dirigido a la candidatura del PP, encabezada por García, y en el que figuraba también como candidato en quinto lugar un hermano de Francisco Arenas.

De manera más o menos "velada", los acusados no dudaban en "amedrentar" la voluntad de los trabajadores amenazando con las "represalias" que, a nivel laboral, les podía acarrear un comportamiento distinto al exigido y que pasaba por obligarles a votar por correo para acreditar el sentido del voto.

Así ocurrió con el trabajador Carlos Jiménez, oficial de segunda empleado en labores de mantenimiento, quien el 11 de mayo de 2005 fue abordado por Francisco Arenas, quien le advirtió de que sólo seguirían trabajando aquellos empleados que votasen al PP, según el escrito de la Fiscalía.

El empleado respondió negativamente a la exigencia y, finalmente, le llegó una carta de despido firmada por el alcalde, por la que se le rescindía el contrato que mantenía con el Ayuntamiento con fecha 30 de mayo de 2007, cuando la verdadera fecha de finalización correspondía al 18 de agosto de ese mismo año.

Este asunto está ahora a la espera de resolverse por la vía penal, después de que el Juzgado de Motril que instruyó la causa decretara la apertura de juicio oral, todavía sin fecha, según las fuentes.