Infraestructuras

Unión política por las reivindicaciones de las grandes infraestructuras de la Costa de Granada

  • Han recibido el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios con representación de la provincia 

Los principales representantes políticos de la provincia en el Parlamento de Andalucía han mostrado su apoyo al grupo de empresarios de la Costa de Granada que se han desplazado hasta la capital andaluza para reivindicar la necesidad de acometer una serie de proyectos importantes para el desarrollo de toda la provincia –canalizaciones de Rules, defensa del litoral, conexión ferroviaria y recarga del acuífero-. Demandas que han sido refrendadas por parlamentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox que no han dudado en recibir a la pequeña comitiva a las puertas del Parlamento andaluz para mostrar su apoyo y sacarse algunas instantáneas.

Jornada que ha contado además con el respaldo de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, la delegada de Agricultura, María José Martín, o la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, y el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla.

En relación a las conducciones de Rules, Herrera ha indicado que a hay que pedirle a la Junta de Andalucía "su apoyo para que el Gobierno central, que es el que tiene las competencias, realice dichas actuaciones. Que la Junta de Andalucía se implique y vaya de nuestra mano a conseguir esos objetivos, para nosotros es un lujo".

Tras una primera de contacto, los representantes de la Plataforma se han reunido con la parlamentaria andaluza de Ciudadanos por Granada, Concha Insúa, y el diputado y portavoz de la Comisión de Fomento, Juan de Dios Sánchez, quienes han mostrado su apoyo "activo e inquebrantable" con los agricultores y empresarios de la provincia.

Insúa ha reseñado que irán a donde haga falta "hasta que se consiga resarcir a los granadinos de la Costa Tropical tras décadas de humillaciones y desprecios por parte del bipartidismo a nivel nacional".  Y ha tachado de vergonzoso que los vecinos del litoral tengan que estar reclamando "exactamente lo mismo" que hace 22 años.

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PP, Jota Carmona, ha explicado que las competencias son del Estado, motivo por el que instan a la institución nacional a que realicen la función de forma inmediata las conducciones de la presa de Rules. "Desde el Partido Popular hemos exigidos y estamos con la Junta de Andalucía que siempre ha tendido la mano para colaborar si el estado le llama, y que los desgloses 3 y 9 tienen que hacerse de manera inmediata, no hay más dilación, sobre todo cuando hay unos fondos que son bienvenidos como los Next Generation que son los que dan capacidad real para acometer estas conducciones que llevan muchos años reclamando y pidiendo".

Carmona ha incidido que en relación al resto de demandas de la Plataforma "siempre hemos manifestado que el estado tiene que priorizar, y la prioridad para nosotros absolutamente es la conexión de la costa y el Puerto de Motril con Granada para el transporte de mercancías", así como el resto de demandas de la provincia granadina que "las asumimos al 100%".

Día histórico, según ha reseñado el parlamentario de Vox por Granada, Francisco Ocaña, ya que "este mes de marzo se cumplen 18 años desde que se inauguró la presa de Rules", un tiempo en el que "no hemos conseguido que se hagan las conducciones, a pesar de la desesperación que tienen los agricultores de la comarca que llevan ya años sufriendo la sequía".

Ocaña ha indicado que se trata de "una muestra más del fracaso que hay en el modelo territorial al ser un juego en el que se han ido lanzando la pelota un gobierno de la Junta con un Gobierno de España de diferente color político, y al final la casa sin barrer". Remarca que se trata de un día histórico porque han presentado dos iniciativas parlamentarias para resolver dicha problemática, por un lado "instándole al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla la promesa electoral de ejecutar las canalizaciones de Rules, promesa que después de tres años no se ha realizado", y por otro lado, se le reclamó hace pocas fechas a la consejera se le indicó que "no se podía basar en que se trataba de una obra de interés general del estado".

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