Los agricultores del Norte de Granada piden no declarar Parque Natural a la Sierra de la Sagra

La Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja Granada, ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía que no convierta en Parque Natural a la Sierra de la Sagra, al norte de la provincia, dentro de las alegaciones presentadas al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro espacio protegido. Los agricultores consideran "excesivas y desproporcionadas" las restricciones a la actividad agroganadera planteadas en el texto, que ha estado sometido a información pública hasta el pasado viernes.

"Nuestra organización comparte plenamente los objetivos de conservación del medio natural, pero considera que el texto sometido a información pública impone un marco de restricciones excesivo y desproporcionado sobre la actividad agroganadera, que constituye la base económica, social y cultural de la comarca de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique", han explicado desde la organización, que recuerda que esta posición contraria a la declaración de Parque Natural de la Sagra "la hemos manifestado desde que se inició el procedimiento administrativo, en el año 2021, sin variar desde entonces nuestros argumentos".

El espacio engloba cerca de 46.000 hectáreas, de las cuales el 75% son de propiedad privada y el resto pública, y desde el año 2015 está catalogado como Zona Especial de Conservación (ZEC). Además, forma parte de la Red Natura 2000, la red de áreas de conservación diseñadas por la Comisión Europea para la protección de la biodiversidad en la UE. Para Asaja, ese nivel de protección de la Sierra de la Sagra ya es "elevado y suficiente". "La conversión en Parque Natural no aportaría mejoras sustanciales en materia de conservación, pero sí supondría una carga añadida de limitaciones administrativas y restricciones de uso que comprometerían la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como el mantenimiento de la población en el territorio", valoran.

Los agricultores reseñan, asimismo, que Plan de Ordenación dedica "un espacio mínimo a la caracterización del sector agrario" en la Sierra de la Sagra, a la que denuncian que dedica "tan solo dos páginas de un documento de 169". Esto, a su juicio, "no refleja su peso real en la configuración del paisaje y en el equilibrio ecológico". Además, el texto "tampoco realiza una evaluación rigurosa del impacto socioeconómico que estas medidas tendrían sobre los agricultores y ganaderos locales, ni se contemplan mecanismos de compensación", por lo que "esta falta de valoración evidencia una carencia de enfoque integral y un claro desequilibrio entre los objetivos ambientales y los sociales".

Asaja pone el foco en las "claras contradicciones internas" de un Plan de Ordenación que "proclama objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial y conservación del paisaje mientras impone normas que comprometen directamente la continuidad del modo de vida rural; otorga mayor flexibilidad a usos turísticos que pueden generar una presión ambiental considerable mientras se endurecen las condiciones de desarrollo agrario; se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema, como la ganadería extensiva, las quemas controladas o el mantenimiento de bancales, sin ofrecer alternativas de manejo que permitan mantener el equilibrio ecológico y cultural del entorno"m enumeran.

"Por todo ello, solicitamos que se desestime la declaración de Parque Natural, al no aportar mejoras significativas a un territorio ya protegido e imponer restricciones que afectarían negativamente a la actividad agroganadera y la sostenibilidad socioeconómica de la comarca", piden desde Asaja a la Consejería de Medio Ambiente. También dicen que la propuesta "no cuenta con el consenso social de la comarca".

"En caso de que el procedimiento continúe", añaden los agricultores, piden que se revise "profundamente el Plan para reconocer y valorar el papel del sector agrario y ganadero, garantizar la compatibilidad de su actividad con la conservación ambiental, evaluar el impacto socioeconómico sobre la población local, simplificar cargas administrativas y establecer un marco flexible de gestión basado en buenas prácticas consensuadas, incluyendo medidas de apoyo y compensación y la participación del sector en la gestión del espacio protegido".