La antigua comisaría se 'cae' sin ser todavía propiedad del municipio

Más de 20 años estuvieron los agentes de la Policía Nacional de Motril denunciando las pésimas condiciones de trabajo que tenían que soportar en la comisaría de la Rambla de Capuchinos, de apenas 400 metros de superficie. Hasta ratas relataron que se habían encontrado encima de los expedientes. Desde entonces, los roedores campan a sus anchas, pues no hay nadie que les moleste en este edificio abandonado, que le vendría muy bien adecentar al Ayuntamiento para un centro de barrio o de menores, por ejemplo. Aunque el PP motrileño, entonces en la oposición y después en el poder, se empeñó en que unas instalaciones en un suelo cedido en otros tiempos por el municipio a la Administración central tenía que volver a ser de titularidad local, el Ejecutivo central no lo ha soltado tan fácilmente y el problema es que cada vez está más en ruinas. Ahora, Movimiento Convergencia Andaluza ha decidido recoger el testigo, y ha convocado para hoy, a las 12, una concentración a sus puertas para reivindicar que vuelva a ser de propiedad motrileña.

Si en el caso de las instalaciones de Hacienda de la plaza de la Libertad el retorno fue fácil, en el de la vieja comisaría la situación se está enquistando. La postura del Ayuntamiento siempre ha sido clara: se trata de un tema administrativo y jurídico, pues esos terrenos fueron prestados para un fin, y en la medida en que ya no sirven para el mismo, les parece lógico que vuelvan a quien los prestó.

El 28 de marzo de 2011, el pleno aprobó iniciar el expediente de reversión, y el 30 de septiembre requirió la entrega de la misma, aunque ya entonces el Consistorio era consciente de que el asunto podría acabar en los tribunales. La administración local cedió el terreno para su construcción hace décadas y desde que quedó inoperativo ha querido recuperarlo, pero no estaba dispuesto a pagar casi tres cuartos de millón de euros por un estercolero. Sin embargo, la negociación durante estos años no ha cesado, tal y como informaron desde el Consistorio a Granada Hoy.

Los motivos para que no avancen es que existen discrepancias de naturaleza técnica entre ambas administraciones respecto al procedimiento para la restitución efectiva de la Comisaría al patrimonio motrileño. Los técnicos de la Administración del Estado entienden básicamente que el procedimiento para requerir la entrega de la Comisaría es el establecido en la normativa estatal, en concreto, en el Reglamento de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Los técnicos municipales consideran, por el contrario, que el procedimiento a seguir para la reversión de un bien que fue cedido por el Ayuntamiento de Motril al Ministerio del Interior para la implantación de la antigua comisaría es el que establezca a tal efecto la Ley 7/99 de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía y su reglamento de desarrollo, y tan sólo habrá que acudir a la normativa estatal, que tiene carácter supletorio, en el supuesto de falta de regulación autonómica.

Hace ahora 4 años, el Ministerio de Interior cifró el valor de estas instalaciones en 700.000 euros, ante el asombro del Ayuntamiento de Motril, sobre todo porque -según el PGOU- no puede destinar este espacio a construcción de viviendas, sólo a equipamiento.

"La voluntad política de ambas administraciones no puede ni debe suplir los criterios técnicos que deben regir el cauce legal para hacer efectiva la entrega de la antigua Comisaría. Eso sí, se llegará hasta donde sea necesario para hacer realidad esta histórica reivindicación", señaló el concejal de Relaciones Institucionales, Alfredo Tovar.

El último paso legal efectuado por el Ayuntamiento ha sido la interposición de un recurso de apelación el 7 de febrero de 2013. Y es que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre la determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y sobre el régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos y, en su consecuencia, tiene la potestad legislativa y reglamentaria en esas materias, y es el Derecho andaluz de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, y en estos casos el Derecho estatal es de carácter supletorio. En este momento está pendiente resolución el recurso de apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Granada.