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La primera de las vistas previstas para juzgar a un grupo de siete personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de seres humanos, prostitución coactiva y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con pisos en Motril y Valdepeñas, estaba prevista para este mismo martes, sin embargo, la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha aplazado la vista oral hasta enero de 2027 después de que una de las procesadas haya sido ingresada de urgencia en el Hospital de Córdoba por un cuadro de meningitis.
El Ministerio Fiscal solicita para los dos principales acusados una pena de 39 años de prisión cada uno, aunque limita el cumplimiento efectivo a 18 años, conforme al artículo 76.1 del Código Penal.
Los acusados, pareja sentimental y de nacionalidad española, engañaban a las víctimas que eran trasladadas desde Colombia hasta España, utilizando cartas de invitación expedidas por personas cercanas a la organización. Aprovechaban su situación de necesidad prometiéndoles trabajo o libertad para ejercer la prostitución en España, luego eran ubicadas en distintas viviendas, en Motril y Valdepeñas, y obligadas a mantener relaciones sexuales con diferentes clientes, sin que les fueran respetados sus derechos fundamentales. Todas las víctimas eran extorsionadas y obligadas a pagar supuestas deudas adquiridas con la organización que ascendían a 4.000 euros por el viaje y la documentación facilitada, amenazándolas con hacer daño a familiares en sus países de origen si no accedían a las imposiciones de sus captores.
Los acusados se quedaban con la mitad de los beneficios y además les vendían preservativos, lubricantes, fármacos sexuales y cocaína, sustancia que también se ofrecía a los clientes. Además, para llevar a cabo la explotación de las víctimas, los integrantes de la organización publicaban anuncios en diferentes páginas web.
Durante la investigación policial se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, libretas con anotaciones, teléfonos móviles y cientos de preservativos, además de medicamentos para mejorar el rendimiento sexual.
El fiscal les imputa a los cabecillas tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, seis delitos de prostitución, dos delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, uno más de la misma tipología y otro delito contra la salud pública, al haberse acreditado que distribuían cocaína y fármacos sexuales entre las víctimas y los clientes.
Además, hay acusadas otras cinco personas, entre ellas la hija de la principal acusada, M.N.A., que controlaba la vivienda de Motril; R.A.G.A., que vigilaba a las víctimas y gestionaba el cobro de los servicios; y M.J.A.C., que asumió esas tareas posteriormente. También figuran J.D.F.N. y M.R.R.R., acusados de facilitar cartas de invitación que permitieron la entrada en España de las víctimas.
El fiscal solicita además 12 años de prisión para M.N.A., 10 años y medio para R.A.G.A. y penas menores para el resto de los procesados. Reclama igualmente indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de las tres principales víctimas.
La operación policial culminó a finales de octubre de 2021, con la liberación de cinco mujeres de diferentes nacionalidades que estaban siendo explotadas, aunque según las investigaciones podrían ser más de 30 las potenciales víctimas que habían sido controladas por este grupo en los últimos años.
Tras la operación, tres personas fueron puestas en el sistema de testigos protegidos, hubo en un principio seis detenidos y se realizaron diversos registros en inmuebles relacionados con la estructura criminal, en los que se intervinieron una gran cantidad de documentación y efectos de interés para la investigación, destacando numerosos comprobantes de envíos de dinero a terceros países, que evidenciaban el importante monto económico que a través de las víctimas ganaba el grupo criminal, así como la forma de blanquear estos beneficios obtenidos.
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