La empresa Arquitempo Servicios SL, reciente adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio en Almuñécar, ha renunciado al contrato de concesión del servicio que le había otorgado el Ayuntamiento sexitano. Según el equipo de gobierno, la decisión responde a las "amenazas" y "coacciones" recibidas por parte de la Inspección de Trabajo para que contraten a los trabajadores y asuman las deudas de la empresa Adhara, también concesionaria del servicio, que se encuentra en huelga desde diciembre de 2009.

La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado lunes tomó conocimiento de la renuncia de Arquitempo, que según el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Alabarce, se produjo "ante las amenazas recibidas por parte de la Inspección de Trabajo". Según indicó, "les han coaccionado diciéndoles que tenían que hacerse cargo de las deudas -incluidas las contraídas con la Seguridad Social- de Adhara SCA, así como de su plantilla de trabajadores, llegando incluso a amenazarles con abrirles expediente e interponerles una fuerte sanción económica si no aceptaban esas condiciones".

Según García Alabarce, Adhara aún tiene su contrato en vigor hasta enero de 2011, por lo que "hasta esa fecha deberá cumplir con su contrato y prestar el servicio que se le adjudicó, con la obligatoriedad de atender a los usuarios que tienen conferidos". En este sentido, denunció que no se están prestando los servicios mínimos establecidos por el Sercla pues "sólo dos de los catorce usuarios que los requerían están incluidos, dejando a los otros en una situación lamentable".

El equipo de gobierno asegura que sacó a concurso público la concesión del servicio "para solucionar este problema", proceso en el que resultó adjudicataria la empresa Arquitempo, única en presentarse. No obstante, "ante las amenazas y coacciones recibidas han decidido renunciar a la adjudicación, impidiendo que los usuarios de nuestro municipio estén recibiendo ya la atención que requieren".

Los familiares de los usuarios afectados le remitieron el pasado 22 de marzo un escrito al Ayuntamiento denunciando que desde el 2 de diciembre de 2009 no reciben el servicio "que por derecho nos asiste de conformidad a la Ley de Dependencia".

Asimismo, afirman ser "personas dependientes, enfermas y con minusvalías", y dicen no entender "cómo se nos ha podido dejar fuera de los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía sabiendo que esto nos situaba automáticamente en una situación de desamparo". Si bien el gobierno municipal dio traslado del escrito a la Junta, asegura que aún no ha recibido respuesta.