La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha fijado para este lunes el comienzo del juicio en el que la Fiscalía ha solicitado condenas de 14 años de prisión para un individuo español y otro de nacionalidad rusa, a quienes se señala como líderes de una organización acusada de poner en marcha una "fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida", específicamente en Ventas de Zafarraya. Además, hay otros once acusados que se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre seis y once años de prisión.

De acuerdo con el documento de conclusiones provisionales de la Fiscalía, estos diez individuos de nacionalidad española, en conjunto con el ciudadano ruso y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, habrían llegado a un acuerdo en 2017 para llevar a cabo sus operaciones en la región de la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada con el objetivo de "obtener ganancias económicas ilícitas" a través de la mencionada fábrica clandestina de tabaco. La instalación, camuflada como una nave agrícola junto a la carretera A-402, es el epicentro de las acusaciones.

Se los acusa por la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y de contrabando, y contra los derechos de los trabajadores. Los dos procesados considerados cabecillas de la banda se enfrentan también a una petición de la Fiscalía para que paguen multas de más de cuatro millones de euros. El resto, de resultar condenados, habrían de pagar cantidades que van desde los alrededor de 1,5 a los más de tres millones de euros.

La organización criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas "perfectamente repartidas", las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. En la cúspide había un tercer individuo que no ha sido localizado.

El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este, detalla el fiscal.

Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso, que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.

Habrían llegado a trabajar desde las 8,00 a las 18,00 horas "con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales que no consta que se hubiera abonado en ningún caso".

El 5 de diciembre, en paralelo, se produjeron entrada y registro judiciales también en un almacén de Chauchina, "decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas". En la nave se incautaron un total de 37 cajas de picadura, y 132 con miles de cajetillas de cigarrillos, entre otro material.

La valoración de mercado de la mercancía intervenida ascendía a más de 1,1 millones de euros, multiplicando "por 75,87 veces la que delimita el delito de la mera infracción administrativa", detallaba el ministerio público en sus conclusiones provisionales.