El PP de Armilla acusa a la alcaldesa de poner en riesgo la seguridad del municipio por no consignar la aportación al Consorcio de Bomberos

Antonio Manuel Membrilla critica el bloqueo de las cuentas municipales y denuncia que el presupuesto prioriza el gasto corriente frente a la inversión

Una sentencia judicial enfrenta al Ayuntamiento de Loja y los sindicatos sobre la dotación mínima de bomberos

El grupo del Partido Popular en Armilla
El grupo del Partido Popular en Armilla / G. H.

El Partido Popular de Armilla ha acusado al equipo de gobierno municipal, presidido por la alcaldesa socialista Loli Cañavate, de comprometer la seguridad del municipio al no consignar en los presupuestos la aportación mínima obligatoria al Consorcio Provincial de Bomberos. Según ha señalado el portavoz popular, Antonio Manuel Membrilla, esta circunstancia ha provocado el bloqueo de las cuentas municipales por parte de la Diputación de Granada.

Membrilla ha calificado la situación de “grave” al tratarse, a su juicio, de un servicio esencial vinculado a la protección ciudadana. “El Ayuntamiento está obligado a financiar este servicio, que garantiza la seguridad de los vecinos y salva vidas”, ha afirmado, señalando que la falta de previsión presupuestaria evidencia una “mala planificación económica”.

El portavoz del PP ha enmarcado este episodio dentro de lo que considera una gestión deficiente de las cuentas municipales. Según ha explicado, el actual presupuesto destina en torno al 92% del gasto a funcionamiento, lo que, en su opinión, deja un margen reducido para inversiones en infraestructuras y mejora de servicios.

Membrilla ha reprochado que no se contemplen partidas suficientes para “transformar los barrios, mejorar infraestructuras o reforzar servicios públicos”, mientras que otras áreas, como la de fiestas, alcanzan una dotación de 815.000 euros. Asimismo, ha señalado recortes en partidas relacionadas con obras públicas, formación y medio ambiente.

Desde el PP insisten en que la aportación al Consorcio de Bomberos no es una cuestión política, sino una obligación institucional vinculada a la prestación de un servicio básico. El grupo municipal considera que el gobierno local debe reordenar sus prioridades y garantizar la financiación de aquellos servicios que afectan directamente a la seguridad y al bienestar de la población.

El equipo de gobierno municipal no se ha pronunciado por el momento sobre estas declaraciones.

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