El PP pide la dimisión del alcalde de Íllora por un intento de aprobar un acuerdo “ilegal” para saldar deudas municipales

El Partido Popular de Íllora ha exigido la dimisión del alcalde socialista, Antonio Salazar, tras denunciar un intento del equipo de gobierno de aprobar un acuerdo “ilegal” para hacer frente a las deudas judicialmente reconocidas de la Empresa Pública del Suelo de Íllora, al margen del procedimiento ordinario del pleno municipal, según explica la formación en una nota de prensa.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rosa Fuentes, ha asegurado que el documento que el alcalde pretendía someter a votación reconoce expresamente la inviabilidad legal de la vía propuesta. Según ha explicado, el propio texto admite que la empresa municipal carece de CIF, que no puede recibir fondos públicos y que el procedimiento planteado previsiblemente contará con informes jurídicos desfavorables y reparos de la Intervención municipal.

Fuentes ha señalado que el intento de aprobar este acuerdo responde, a su juicio, a la voluntad de “blindar jurídicamente a los responsables” de la situación financiera de la empresa pública, en lugar de buscar una solución efectiva para los acreedores. “Se pretende que la oposición avale un procedimiento que el propio gobierno reconoce como ilegal e inviable”, ha afirmado.

Desde el PP consideran que la iniciativa no persigue resolver el problema de fondo, sino evitar futuras responsabilidades políticas y legales derivadas de la gestión de la empresa municipal. En este sentido, Fuentes ha recalcado que su grupo no respaldará ninguna actuación que suponga “dar un cheque en blanco” al alcalde y ha insistido en que la única salida es su renuncia al cargo.

La portavoz popular ha advertido además de que la situación afecta directamente a los proveedores, que continúan sin cobrar, y ha reprochado al equipo de gobierno que utilice esta circunstancia para justificar un procedimiento que, según el PP, vulnera la legalidad vigente.

El PP ha trasladado también la polémica a la dirección provincial del PSOE, a la que pide explicaciones por la actuación del alcalde, que además preside el Consorcio Vega Sierra Elvira. Los populares sostienen que el caso tiene una dimensión política y jurídica que trasciende el ámbito municipal.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una valoración oficial sobre las acusaciones del PP. El debate se traslada ahora al ámbito político local, con la gestión de la empresa pública y el pago a los acreedores en el centro de la controversia.