La Zona de Bajas Emisiones de Granada sigue sumando alegaciones: Pinos Puente, Pulianas, Monachil y Otura muestran sus reticencias

Falta menos de un mes para que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital entre en vigor de forma definitiva y a medida que se acerca la fecha el número de alegaciones no paran de aumentar. Así, al Ayuntamiento de Armilla, que ya ha presentado oficialmente alegaciones al proyecto, se suman ahora Pulianas, Pinos Puente, Monachil y Otura, que se unen también a Huétor Vega y Maracena, que hicieron lo propio semanas atrás. Así, el Ayuntamiento pinero ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno presentar alegaciones a la Ordenanza Integral de la Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada antes de su entrada en vigor

Según explica el propio Consistorio en una nota de prensa, el equipo de Gobierno considera que la delimitación de la ZBE de la capital afecta directamente a los vecinos de Pinos Puente y del Área Metropolitana, por lo que ha solicitado modificaciones que garanticen un acceso justo y equitativo a la ciudad.

El Ayuntamiento defiende que las restricciones de circulación deben aplicarse con criterios de planificación conjunta entre todos los municipios del área metropolitana, evitando perjuicios desproporcionados para quienes viven y trabajan fuera de Granada. En este sentido, las alegaciones presentadas señalan que la actual delimitación de la ZBE impone dificultades innecesarias para acceder a servicios esenciales como la sanidad, la educación y la actividad económica.

Entre las principales reclamaciones, se solicita que los hospitales Virgen de las Nieves y de Traumatología, así como centros sanitarios privados como San Juan de Dios y San Rafael, queden fuera de la ZBE para garantizar el acceso sin restricciones a la atención médica. Además, se pide un procedimiento claro y accesible para que los ciudadanos puedan justificar su entrada en la ciudad por motivos de salud, evitando trabas burocráticas.

Asimismo, el Ayuntamiento denuncia que la normativa actual perjudica gravemente a los trabajadores autónomos y empresarios de la provincia, ya que si no tienen su domicilio fiscal en Granada, se verán limitados en el ejercicio de su actividad dentro de la capital. “No es justo que los autónomos de Granada

puedan venir a Pinos Puente sin restricciones, mientras que los de aquí no puedan acceder libremente a la ciudad para trabajar”, han señalado desde el equipo de gobierno.

Por último, se ha solicitado la elaboración de un estudio medioambiental objetivo, preferiblemente por la Universidad de Granada, que analice el impacto real de estas medidas en la contaminación, la movilidad y el tejido económico del área metropolitana.

Desde el Ayuntamiento de Pinos Puente confían en que estas alegaciones sean tenidas en cuenta para lograr una ZBE "más justa, equilibrada y respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos".

Pulianas pide mayor protección

También Pulianas ha presentado alegaciones contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) solicitando una "mayor coordinación" con los municipios del Cinturón por entender que puede tener un "impacto directo en la movilidad y la actividad económica local".

El alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), ve "fundamental" que esta medida se plantee "desde el diálogo y el consenso con los municipios afectados" pues "afectarán directamente a los vecinos de Pulianas que no podrán acceder con sus vehículos a la capital si no cumplen los requisitos ambientales exigidos".

El que estas limitaciones no se apliquen a los vehículos empadronados fiscalmente en Granada es interpretado por el Ayuntamiento de Pulianas como "una medida discriminatoria y contraria a los principios de igualdad y proporcionalidad".

Uno de los principales puntos de las alegaciones es la decisión del Ayuntamiento de Granada de incluir dos aparcamientos disuasorios en Pulianas "sin haber consultado previamente con el municipio". Ambos espacios están ubicados en terrenos privados dentro de centros comerciales, "y su uso como parte del plan de movilidad de la capital se ha definido sin contar con la administración local".

"Nos sorprende que se tomen este tipo de decisiones sin ni siquiera habernos informado", ha afirmado Carranza. "Llevamos años solicitando la ampliación del transporte público de Granada hasta estos centros comerciales y todavía no hemos recibido respuesta. Sin embargo, ahora se nos impone el uso de estos aparcamientos sin planificación ni diálogo", lamenta.

Pulianas advierte de que la ordenanza de Granada no contempla el impacto que la ZBE tendrá en los municipios del área metropolitana, como "el aumento del tráfico y la contaminación en su término municipal, la dificultad de acceso a servicios esenciales en la capital para los vecinos sin vehículo adaptado a la normativa y las trabas que esto supone para trabajadores, estudiantes y transportistas".

Aunque se contempla el "traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o acudan a tratamiento de larga duración con justificación médica", no se han previsto excepciones para aquellos que necesiten acudir, sin razón de urgencia, a consultas médicas en el área de Granada, tanto en centros públicos como privados.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Pulianas exige la revisión del proyecto de ZBE y su modificación para garantizar una "implantación justa y consensuada".

Otura solicita que se paralice el proyecto de ZBE

El Ayuntamiento de Otura es otro municipio que ha presentado alegaciones y ha instado a la paralización de la ZBE hasta su reconsideración en el marco de una mesa de diálogo metropolitana. “Creemos que es necesario aprobar un nuevo documento con un enfoque equilibrado que contemple las necesidades del área metropolitana, en especial, las del municipio de Villa de Otura”, señala el alcalde de la localidad, Nazario Montes, “sin perjuicio de la reserva de las acciones de recurso jurisdiccional contempladas en la legislación vigente que este Ayuntamiento pueda ejercitar en el caso de que la presente Ordenanza sea aprobada definitivamente”.

El regidor otureño lamenta que el Ayuntamiento de Granada “haya aprobado esta ordenanza tan importante sin contar con los alcaldes del Área Metropolitana”, y pide “que la Zona de Bajas Emisiones se haga de manera justa, evitando perjuicios desproporcionados a la ciudadanía de los municipios del Área Metropolitana y garantizando que todos los habitantes tengan los mismos derechos de movilidad”.

“Desde Otura pedimos al Ayuntamiento de Granada que elabore y acompañe un estudio medioambiental elaborado por una entidad objetiva, preferiblemente la Universidad de Granada, que indique el impacto real que estas medidas van a tener en la contaminación urbana, en el tejido económico y social de los municipios del Área Metropolitana, y las propuestas, si las hubiera, que permitan incidir más en los objetivos generales de la ZBE”, apunta el alcalde.

Nazario Montes señala que “los autónomos y profesionales que dependen de su vehículo para trabajar no pueden sufrir restricciones que comprometan su actividad. No es justo que los autónomos de Granada puedan entrar en el resto de la provincia sin restricciones, mientras que los del resto de la provincia se vean limitados en su acceso a la capital. Por ello, pedimos igualdad de condiciones para el desarrollo económico y laboral”.

“Pedimos que el Hospital de Traumatología y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, así como todos los centros que por la actual política de privatización de la Junta de Andalucía puedan ser centros de diagnóstico o tratamiento del público en general, como el de San Juan de Dios o San Rafael y cualquier otro análogo, queden fuera de la ZBE, permitiendo el acceso de todos los vehículos a los centros hospitalarios, tal y como ocurre con el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). La movilidad por razones sanitarias debe primar sobre cualquier restricción medioambiental, garantizando que cualquier paciente pueda acudir sin trabas a su consulta o tratamiento”.

Monachil considera que se van a generar efectos adversos

En sus alegaciones, el Ayuntamiento de Monachil considera que estas medidas pueden generar efectos adversos en los municipios del Área Metropolitana, afectando a los desplazamientos de sus habitantes y al acceso a servicios esenciales ubicados en la capital, como hospitales, centros educativos y administrativos.

En un documento remitido al consistorio de la capital, el Ayuntamiento de Monachil señala que “la ZBE debe diseñarse con criterios inclusivos, garantizando que las restricciones se basen en las emisiones de los vehículos y no en su lugar de origen. Asimismo, se hace necesario un sistema de transporte público eficiente y suficiente con más frecuencias antes de aplicar medidas restrictivas, para evitar perjuicios económicos y sociales a los ciudadanos y al tejido comercial y empresarial del Área Metropolitana.”

En virtud de las alegaciones presentadas, Monachil insta al Ayuntamiento de Granada a reorientar la implantación de la ZBE con un enfoque más inclusivo y metropolitano, asegurando que las restricciones se basen en criterios de emisiones y no en el lugar de residencia de los conductores.

“Desde el Ayuntamiento de Monachil exigimos un estudio de las repercusiones económicas que la ZBE pueda tener sobre el comercio, el turismo y los servicios en Granada y su área metropolitana, con especial atención a los municipios cuyos habitantes dependen de la movilidad hacia la capital, y solicitamos que se establezcan medidas que garanticen el acceso sin restricciones a hospitales, juzgados, centros de formación y universidades para los ciudadanos del área metropolitana que dependen de estos servicios en Granada”, señala el alcalde de Monachil, José Morales.