Pedro Sánchez apurará casi todo el plazo legal para celebrar su investidura. La negociación se extenderá las tres primeras semanas de noviembre. Si no obtuviese el respaldo del Congreso, apenas quedaría tiempo para un tercer intento de él mismo u otro candidato. Moncloa y Ferraz trabajan con todas las opciones, incluida la repetición de las generales, pero no van a dejar hueco a una nueva oportunidad para Alberto Núñez Feijóo. El candidato socialista no desea un acuerdo para salvar la votación, aspira a un pacto de legislatura, de ahí que el mes que resta no sea de demora, sino de negociaciones.

El plazo vence el 27 de noviembre; si para entonces no hubiese presidente del Gobierno, los españoles volverían a votar el 14 de enero. Aunque la fijación de la fecha es una competencia de la presidenta del Congreso, el peso de la decisión va a corresponder al propio Sánchez, de ahí que Francina Armengol no haya querido siquiera fijar la cita.

Cuando han pasado tres semanas desde que el Rey realizase el encargo al socialista, los únicos que están al tanto de las negociaciones son el pequeño grupo negociador del PSOE, en el que figuran el secretario de Organización, Santos Cerdán, y la ministra María Jesús Montero, además de Salvador Illa, el hombre sobre el terreno. Por parte de Junts, Carles Puigdemont es el interlocutor, su partido en Barcelona está apartado de las conversaciones, aunque el pasado viernes ambas partes celebraron una reunión, la primera conjunta, en el sur de Francia. En palabras de una persona cercana a los socialistas implicados, la negociación está "bunquerizada", blindada ante las filtraciones.

Puigdemont, aislado

La principal incertidumbre que se cierne sobre la investidura no es la amnistía, que Sánchez está dispuesto a conceder, ni la rivalidad entre Junts y ERC, ni siquiera el recelo del PNV ante Bildu, el único partido que ha anunciado de modo formal el respaldo a Pedro Sánchez, sino la persona de Carles Puigdemont, huido en Waterloo, pero también aislado de Cataluña, de su partido y de su entorno personal después de casi seis años de residencia en Bruselas.

Puigdemont quiere un verificador o una comisión de seguimiento, que además sería internacional

La exigencia de Puigdemont que más problemas plantea para el Gobierno español es la de aceptar o un mediador o una comisión de verificación, que el líder independentista quiere, además, que recaiga sobre una figura internacional. Las garantías del cumplimiento del acuerdo son, de momento, uno de los principales escollos.

La otra parte, ERC, también observa la negociación con desconfianza, le crea más recelos Puigdemont que Pedro Sánchez. La persona que trata a los dos partidos independentistas sobre el terreno es Salvador Illa, es el mejor conocedor del ecosistema político catalán, es una garantía para el acuerdo, pero ERC no se fía de que el presidente del Gobierno en funciones sea capaz de embridar los distintos intereses de Junts y de Puigdemont.

Sánchez no quiere un acuerdo de investidura, sino un pacto para toda la legislatura

Pedro Sánchez sabe que está arriesgando mucho, las concesiones a los independentistas tienen una complicada digestión dentro del PSOE, pero la mayoría le respeta porque elogia su campaña del pasado 23 de julio. Sánchez está pidiendo a ERC y Junts un acuerdo de legislatura, no un pacto para solventar la investidura, no va arriesgar tanto para encontrarse con una situación irresoluble dentro de dos años. Esto añade mayor dificultad a una negociación en la que casi todas las partes desconfían de las demás.

Si en el mes de agosto Sánchez y el PSOE se disponían a una investidura exprés, el encargo del Rey a Alberto Núñez Feijóo no sólo modificó el plan inicial, sino también la concepción del acuerdo. Ya no se trata de salvar la votación en el Congreso, sino de asegurar una legislatura muy complicada, en la que el PP tendrá la mayoría absoluta del Senado y un poder territorial pleno en las comunidades autónomas. 

Los socialistas creen que el rechazo que la amnistía provoca en la opinión pública se agotará a lo largo de la legislatura si la convivencia se instala en Cataluña y, en especial, si Salvador Illa logra la presidencia de la Generalitat.