La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que su departamento de integridad está estudiando toda la información recabada en la investigación interna abierta en relación al "caso Negreira" para su traslado a órganos judiciales, gubernativos deportivos y también a la UEFA, que se lo ha solicitado.

Según explicó el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, los servicios jurídicos del organismo se pusieron en contacto con la Fiscalía de Barcelona tras conocerse el inicio de la investigación y si esta considera que hay delito y presenta una denuncia el organismo se personará.

"Lo realmente importante es llegar al final de esta investigación. Los abogados analizaron si resultaba oportuno o contraproducente presentar denuncia o querella según la información y entendieron que esto en vía judicial era totalmente contraproducente porque la admisión de la denuncia paraliza la actuación del fiscal. Si la Fiscalía no la presenta o no se admite a trámite, la Federación tendrá que ver si, con la información que tiene, puede haber causa o no para que se presente denuncia. Si la hay la pondremos en conocimiento del juez inmediatamente", aseguró.

En una comparecencia junto al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, la primera después de que saliera a la luz el "caso Negreira", Camps confirmó que el pasado viernes 24 de febrero, el departamento de integridad de la UEFA envió un escrito a la RFEF "solicitando información completa en relación con este tema". "El mismo lunes enviamos una carta remitiendo la información, seguiremos colaborando con la UEFA", garantizó.

La información de la RFEF

El secretario general manifestó "la absoluta y completa confianza de la RFEF y su presidente con todo el colectivo arbitral"; lamentó que se hayan filtrado a los medios datos como el cuestionario que el propio CTA ha pedido a los árbitros, asistentes y delegados federativos que completen dentro de una investigación interna -a la que han respondido todos menos uno- y avanzó que también se investiga si alguien con responsabilidad gubernamental podía conocer los hechos.

"Durante este tiempo la RFEF sí ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales y está estudiando si se podría derivar alguna responsabilidad y si se podría presentar alguna querella", desveló.

Camps evitó responder si esa persona es el exdirector general de Deportes y exdirectivo del Barcelona, Albert Soler. "No me he referido a ninguna persona en concreto ni lo voy a hacer", dijo.

"Lo que no podemos ni debemos hacer bajo ningún concepto es difundir cualquier información que no se haya puesto primero en conocimiento de órganos deportivos, gubernativos o judiciales. En un estado de derecho hay reglas y principio que se deben respetar como la prudencia en situaciones complejas como la actual", añadió.

Sobre posibles consecuencias deportivas para el Barcelona, Camps insistió en que su labor "es buscar la máxima información" y trasladarla a los órganos competentes y aclaró que a quien podría corresponder una decisión sobre ese aspecto es a los órganos disciplinarios.

"Ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma fuera objeto de ilícito penal, debe poner en duda o desacreditar la colectivo de los árbitros. Si se acredita actuación incorrecta de alguien que pertenecía al colectivo arbitral nos negamos a que tenga consecuencias negativas en sus honestos miembros", insistió.

Enríquez Negreira quiso volver en 2019

En presencia de numerosos árbitros en activo y retirados en la Ciudad del Fútbol, Camps y Medina Cantalejo explicaron los pasos dados tanto por la RFEF como por el CTA desde que se conoció que la Fiscalía de Barcelona investiga a una empresa del exvicepresidente del comité José María Enríquez Negreira, por un presunto delito de corrupción entre particulares, por unos pagos de 1,4 millones del Barcelona entre 2016 y 2018.

Entre ellos un trámite de información reservada dirigida a la RFEF el CTA y al Barcelona, que contestó al día siguiente y que Camps entiende "que a medida que el club disponga de mayor información la pondrá en conocimiento del departamento de integridad", junto a la constatación de que las empresas de Enríquez Negreira facturaron a la RFEF.

Según concretó, Dansil SL desde 1999, Soccercam SL de 2006 a 2010, con servicios a los cuerpos técnicos de las selecciones, especialmente la absoluta, más pagos a su hijo, Javier Enríquez Romero, entre 2005 y 2012, de un mínimo de 205€ y un máximo de algo más de 13.000€, que es la prima de la Euro 20028.

También recordó que la Agencia Tributaria, en octubre de 2021, hizo una consulta a la RFEF sobre datos económicos, funciones y normativa del CTA y sobre Enríquez Negreira

"Los medios de investigación de la Agencia Tributaria y la Fiscalía son diferentes en capacidad legal a los que puede tener la RFEF. La RFEF entendió que el peso principal de la investigación la deben llevar quienes tienen capacidad jurídica, medios y capacidad coercitiva y que su papel debe ser colaborar aportando de todos los datos de que se disponga y cuando sea requerida. Sin conocer lo que ahora hemos sabido ya contribuimos activamente aportando toda la información que nos solicitaron", opinó.

Camps, que fue miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) antes de llegar a la secretaría general de la RFEF cuando Luis Rubiales fue elegido presidente en 2018, recordó que este cesó a todos los miembros anterior del CTA y que Enríquez Negreira envió hasta tres burofaxes alegando que se le había despedido de forma irregular y solicitando su readmisión o algún tipo de acuerdo económico en los meses de julio y septiembre de 2019.

"No se contestó a ninguno y no tenemos constancia de ninguna demanda", indicó Camps, que disculpó la ausencia de Luis Rubiales por no encontrarse en Madrid.