La demanda de Silvia Intxaurrondo contra su propia casa, RTVE, por bajarle el sueldo
Una inspección de Trabajo obligó a cambiar el contrato de la presentadora matinal, que trabajaba por una sociedad dirigida por su marido, para que estuviera integrada en la plantilla de la casa, con remuneraciones menores
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La popular periodista Silvia Intxaurrondo, directora y presentadora del matinal La Hora de La 1, líder de audiencia en estos momentos, ha interpuesto una demanda contra RTVE, su propia casa, por considerar injustificado el cambio en sus condiciones laborales.
Representada por un reconocido bufete de abogados especializados en Derecho Laboral, la denuncia se presentó la semana pasada, y el despacho de RTVE recibió el requerimiento judicial el martes. La audiencia está programada para principios del próximo año, mientras que Intxaurrondo seguirá al mando del programa y con la confianza de la dirección de la corporación.
El conflicto surgió tras una inspección de Trabajo que cuestionó lsu contrato mercantil. Estaba suscrito a través de una sociedad administrada por su esposo, y que le permitía percibir hasta 270.000 euros anuales por dirección y presentación como personal externo.
La investigación, iniciada por una denuncia anónima, determinó que se trataba de una relación laboral encubierta, obligando a RTVE a regularizar su alta en la Seguridad Social como empleada por cuenta ajena, como personal contratado de la casa. Este proceso, que comenzó hace más de dos años con la internalización de la producción del programa, generó tensiones al expirar el acuerdo anterior, ya que la cadena pública estaba exigida a firmar un contrato bajo el convenio colectivo, con una retribución sensiblemente inferior, alrededor de 45.000 euros brutos anuales más complementos limitados.
En su reclamación, Intxaurrondo, que sería en estos momentos la profesional con más reconocimiento de la cadena pública, exige mantener su remuneración previa y mayor autonomía editorial, argumentando que sus funciones no han variado.
RTVE, por su parte, defiende que el nuevo régimen laboral implica obligaciones distintas y no permite equiparar las condiciones mercantiles, priorizando el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Fuentes sindicales destacan que la regularización era inevitable, y aunque la periodista aspira a un puesto indefinido con beneficios del convenio, la Corporación reafirma su confianza en ella, garantizando su continuidad en pantalla hasta la resolución judicial.
Este caso podría establecer precedentes en la contratación de figuras destacadas en la televisión pública.
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