No están dispuestos a que las reformas planteadas por el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón mermen aún más la calidad de la Justicia y afecten a su independencia e imparcialidad. Por eso, nuevamente, los jueces y fiscales se quitaron ayer sus togas y abandonaron durante una hora sus despachos y salas de vistas para hacer públicas unas reivindicaciones convertidas ya en exigencias. En la capital este nuevo paro parcial fue secundado por más de medio centenar de profesionales, que se concentraron en la sala de usos múltiples del edificio judicial de la Caleta.

Los magistrados Rafael Rodero y Jesús Rodríguez, en representación de las asociaciones integrantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, fueron los encargados de leer el nuevo manifiesto, en el que ambos colectivos plantean, entre otras reclamaciones, la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pues entienden que "perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica" existente.

Unas tasas judiciales que no limiten el acceso a la justicia, el aumento de la planta de jueces y fiscales, la dotación de más medios personales y materiales o una carga de trabajo adecuada fueron otras de las peticiones del colectivo judicial, que aboga por una justicia "ágil" y "centrada en las personas", y rechaza cualquier modificación en sus órganos de gobierno que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

"Con estas propuestas queremos hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos, recordando que la justicia no puede ser vista como un problema, sino como elemento esencial de la solución", indicaron, a la vez que pidieron a la ciudadanía que "asuma la defensa de la justicia y su independencia como garantía de sus derechos y libertades".

En el acto hubo una amplia representación de los jueces de los órganos unipersonales y colegiados de la provincia, así como de los miembros de la Fiscalía, entre cuyos representantes estaba la fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, en calidad de asociada. También acudieron secretarios judiciales, así como los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Granada, Eduardo Torres y Mónica Navarro-Rubio respectivamente, que estuvieron presentes durante la lectura del manifiesto en señal de respaldo. "Todos estamos en el mismo barco", subrayó Torres, para quien son "justas" las reivindicaciones de la comisión, en tanto que persiguen "una modernización de la justicia, una justicia más accesible a los ciudadanos, una justicia no cara y en la que no se lesione el derecho de acceso a la Justicia, que es constitucional".

Mientras instructores, juzgadores, secretarios y representantes del Ministerio Fiscal dejaban sus quehaceres y se concentraban en el interior del complejo judicial de la Caleta, los funcionarios lo hacían en el exterior, a las puertas del ala del edificio donde se halla el Registro Civil, así como en Plaza Nueva, convocados por la Plataforma sindical.

Debido a la protesta, que se desarrolló entre las 12:00 y las 13:00 horas, numerosos actos judiciales tuvieron que ser aplazados. De hecho, como reconoció el juez decano a la prensa, el paro provocó "la suspensión provisional de las diligencias que se estaban practicando", si bien fueron retomadas una vez finalizado. No ha trascendido el número de actos y juicios que se vieron afectados.

Los magistrados y los fiscales, que ya realizaron una protesta a finales de noviembre, no descartan volver a movilizarse si el Ministerio de Justicia no atiende sus exigencias. "El resto de medidas que podamos protagonizar vendrán dadas por la reacciones futuras que tenga el Gobierno y la política legislativa que quiera implantar", señaló el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, tras tildar de "masivo" el seguimiento de este nuevo paro.

"Protestamos por una política legislativa que fundamentalmente incide en un desapoderamiento del CGPJ por una parte, y por otra en establecer en el Estatuto de jueces y magistrados una sobrecarga de trabajo añadida a la que ya soportamos por la eliminación radical de la justicia interina", resumió el magistrado, al tiempo que advirtió de que estas medidas, junto a las tasas judiciales, que dificultan el acceso del ciudadano a la justicia y por tanto al control de los abusos de todo tipo de poderes, tienen un carácter "irreversible" para el Estado de Derecho.

Sánchez Gálvez quiso dejar claro que el colectivo judicial no está acostumbrado a tener que protestar porque se haga caso omiso a sus reivindicaciones y si se moviliza es por la "enorme" importancia que tiene preservar la independencia del poder Judicial como pilar del Estado de Derecho. "Nos movemos con torpeza quizá y con poca habilidad en este tipo de actos; no nos podemos comparar con un ministro apoyado por un gabinete que puede diseñar mensajes que dinamiten todo lo que estorba, de manera que protestamos también por esa reacción que pretende desprestigiar el movimiento que protagonizan las asociaciones", agregó.

Ya en el exterior de la Caleta, un portavoz de la plataforma sindical, Javier Toro, consideró, en declaraciones a este diario, que la Justicia se ha convertido "en un boxeador sonado" que no para de recibir un golpe tras otro. El último: el 'tasazo', en tanto que limita el acceso a un derecho como la Justicia. Otro de los golpes, a juicio de la plataforma, es la reforma prevista en los Registros Civiles, que provocará que el ciudadano tenga que pagar también por documentos y partidas hasta ahora gratuitos.