La negociación de los distintos grupos políticos con representación municipal en torno a la ordenanza de la convivencia ha empezado por el derecho a la manifestación, expresión y participación. Las numerosas manifestaciones que han tomado la ciudad en las últimas semanas ha puesto a pensar a los portavoces de los equipos de gobierno que han acordado mejorar la coordinación con la Subdelegación del Gobierno cada vez que se produzca una marcha ciudadana de este tipo.

De esta forma, la ordenanza recogerá la necesidad de fomentar la comunicación entre ambas administraciones para intentar que las molestias en la ciudad se dejen notar lo menos posible. Para materializar este acuerdo el Ayuntamiento se compromete (como venía haciendo hasta ahora) a enviar un informe a la Subdelegación en el que le informe de cuál es el recorrido menos molesto, a qué hora, cuántos efectivos se van a desplegar, si coincide alguna otra manifestación ese mismo día y a esa misma hora y si es preciso hacer alguna alteración en el recorrido establecido.

De la misma manera, la Subdelegación del Gobierno deberá informar al Ayuntamiento sobre cuál va a ser su actuación para lograr una coordinación óptima. "La manifestación es un derecho inviolable de las personas, pero debemos trabajar para que el desarrollo de esta marcha se produzca de manera ordenada y coordinada", argumentó el concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo Moral.

Por su parte, el coordinador de Seguridad, Anselmo Palma, recuerda que sólo hay un supuesto en el que se puede prohibir la celebración de una manifestación: en caso que se se produzca alteración del orden público, de forma que haya un peligro fundado para las personas y los bienes.

La última manifestación del sector del metal ha enfrentado al Ayuntamiento y a la Subdelegación en un cruce de acusaciones. El primero reprochó hace unos días a la Subdelegación que dejara que la manifestación terminara a las puertas del Ayuntamiento, donde los más exaltados lanzaron huevos y otros objetos contra la fachada. Para el PP fue una actuación inadmisible "con la que se buscaba implicar de forma torticera al gobierno municipal en un conflicto en el que no tenemos competencias", dijo el alcalde.

Mientras, el subdeelgado del Gobierno, Antonio Cruz, recordó que el de reunión es un derecho fundamental recogido en la Constitución. "Nosotros no autorizamos las manifestaciones sino que nos damos por enterados de las mismas o se prohíben si se ponen en peligro los bienes y la vida de las personas", recordó Cruz.

Uno de los puntos que se quedó en el aire fue la colaboración de las personas extranjeras para formentar el civismo en la ciudad. El punto volverá a ser analizado en las siguientes reuniones hasta que consiga el consenso, de lo contratio se retirará. Las reuniones se realizarán cada quince días para que la ordenanza se apruebe antes de un año.