Las últimas modificaciones legislativas en materia relacionada con seguridad vial explican en parte el progresivo descenso de la población reclusa en el penal de Albolote. Según los datos del la propia prisión, en la actualidad cumplen condena en la prisión provincial 1.530 personas, 118 menos que hace tres años (1.648). A esta población reclusa hay que sumar los presos del Centro de Inserción Social (CIS), que ascendían a 347 en 2010 y que en la actualidad son 210.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que actualmente se tiende a imponer a los reos sanciones económicas o trabajos comunitarios en lugar de penas privativas de libertad, sobre todo en delitos relacionados con la seguridad vial, siempre que no se trate de un reincidente. Esto no implica que se haya "abierto la mano" ni que la legislación sea más laxa, sino que en el caso de que exista la posibilidad de castigar al condenado con una multa, se elige esa opción.

Otro factor que ha aligerado el censo de la prisión alboloteña es el hecho de que en los últimos años se ha mejorado notablemente el acceso a información relacionada sobre la solvencia de los acusados. Hace apenas tres años, a la hora de pedir una condena, en ocasiones, el fiscal carecía de esta información, por lo que si presumía que el juzgado en cuestión era insolvente se podía optar por solicitar la privación de libertad en lugar de la sanción económica. "Ahora tenemos más elementos para sopesar", destacan desde la Fiscalía, que cuenta con más medios para "ajustar" la petición de pena a las circunstancias del individuo.

Un tercer factor que explica el descenso progresivo de la población reclusa es el hecho de que se han agilizado las expulsiones de ciudadanos extranjeros condenados.

En este punto, tanto el director de la prisión provincial, Jaime Hernández, como desde el sindicato Acaip, señalan que el descenso de internos se debe a la menor presencia de extranjeros. Hernández añade un nuevo elemento, el Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández, que cuenta con 210 presos beneficiarios del tercer grado. El CIS ha contribuido a 'aligerar' el número de reclusos, pero en el propio centro se ha detectado un descenso en el número de presidiarios. De 2012 a 2013 el número de internos en el CIS es un 10,7% inferior.

¿Cómo influye este descenso en el día a día de una de las cárceles más grandes de Andalucía? Según Hernández "el trabajo es el mismo", aunque sí reconoce que en la oficina de gestión hay, lógicamente, menos trámites que cumplimentar.

El penal de Albolote llegó a albergar en sus 1.008 celdas hasta los 1.900 internos, según fuentes de Acaip, que indican que esa cifra se alcanzó en los años de "bonanza económica".

Precisamente, la memoria anual del fiscal de Sala Delegado de Vigilancia Penitenciaria señala que la disminución de condenados en la cárcel "parecería entrar en colisión con lo que pudiera preverse en un periodo de crisis económica", que podría relacionarse con un repunte de la delincuencia. Sin embargo, la memoria señala que "la potenciación de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad" y las reformas legales han propiciado "una excarcelación del colectivo de personas condenadas por delitos contra la salud pública", a lo que se une "la posibilidad de expulsión sustitutiva" para reos foráneos. En este punto, el documento indica que las excarcelaciones de ciudadanos de otros países se refuerza, entre otros motivos, por "la supresión de la modalidad agravada por introducción de droga en España".

Estas medidas legales tienen como razón principal otro de los aspectos que señala la memoria de la Fiscalía: la imposibilidad de construir nuevas cárceles, fundamentalmente por los recortes. Cada nueva celda tiene un coste de 90.500 euros, a lo que habría que sumar el aumento de la plantilla de funcionarios de prisiones. Además, cada celda supone un coste diario de 76,43 euros, según la evaluación del Departamento de Justicia de Cataluña. Por contra, se considera que cada penado que realiza trabajos al servicio de la comunidad tiene una productividad de 16 euros a la hora. Cada una de esas plazas cuesta 13 euros al día.

A esto se añade la "posible sobreutilización de la pena" de cárcel a nivel nacional. El documento se basa en las estadísticas para argumentar este punto: mientras que España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa, la tasa de población reclusa por cada 100.000 habitantes es la segunda más alta en el continente, sólo por detrás del Reino Unido.