Los moradores de la urbanización Cármenes del Mar, de La Herradura, han enviado una carta a la delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, en la que solicitan que "se inicie la subsanación de los graves defectos constructivos y rehabilitación necesarias en la urbanización general y en las suburbanizaciones interiores, se acuerde la intervención urgente de los servicios técnicos de la administración (central, autonómica y local), a fin de que se adopten las medidas necesarias y las de protección tendentes a evitar el riesgo de nuevos deslizamientos y de peligro para la integridad de los habitantes de la urbanización".

Asimismo, la misiva, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, pide que se adopten las medidas necesarias que garanticen la habitabilidad de la urbanización, teniendo en cuenta que existe "riesgo inminente de colapso de los viales de acceso a la misma y de sus servicios generales".

Además, existen unas medidas judiciales que instan a realizar "actuaciones inmediatas que impidan el avance de los desperfectos de sus viviendas, que presentan importantes grietas y destrozos e incluso en algunos casos han acabado por venirse abajo, entretanto se sustancia la demanda judicial contra los responsables", aunque de momento no se han cumplido.

El contenido de la carta, que representa la preocupación de varias comunidades de propietarios, va encaminado a mantener una nueva reunión con Sandra García, que en su día instó a los vecinos a que esperasen a las resoluciones judiciales para contar con el apoyo autonómico. Por ello, dicen querer informarle de los últimos acontecimientos referidos al proceso judicial por defectos constructivos, por los que todos los demandados han sido condenados solidariamente, "no solamente en el procedimiento ordinario, sino ademas en el procedimiento de medidas cautelares paralelo al mismo". Sin embargo, se quejan de encontrarse con "serias dificultades" para que dichas sentencias se ejecuten por la insolvencia de las demandadas y condenadas y por el largo proceso de los respectivos recursos de apelación interpuestos y seguramente de casación".

Asimismo, los vecinos mencionan a García que en la reunión que mantuvieron se comprometió a poner todos los recursos necesarios desde su departamento jurídico, de cara a agilizar la resolución de esta situación, así como a interceder con los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda, para evitar que nuevas viviendas acaben derruidas "en lo que ya se conoce en toda Europa como 'la ruina de Andalucía'". Por ello, le hacen llegar de nuevo su petición de "ayuda y socorro", con la esperanza de que sea atendida.

Los propietarios informan a la delegada de que en su día la urbanización no fue recepcionada por el Ayuntamiento de Almuñécar al intentar su entrega con defectos constructivos graves y que el promotor, Cerro Gordo SL, no se ha hecho cargo de las reparaciones y mantenimiento necesario. A pesar de ello, fueron concedidas licencias de obra (la mayoría en el año 1999 y otras con posterioridad a mayo de 2000), y emitidos certificados de final de obra y de primera ocupación de las viviendas y vendidas en escritura pública, mientras que la urbanización tiene certificado final de obra del año 2007. Ambos hechos constituyen a todas luces una contradicción.

De lo descrito, continúan asegurando que conforme a la legislación urbanística, "esta falta de terminación y la ausencia de recepción de obra conlleva la obligación de la administración de la reparación necesaria por ejecución subsidiaria y a través de las correspondientes órdenes de ejecución", lo cual reclaman.

El Ayuntamiento sexitano ha realizado múltiples manifestaciones en las que reconoce su responsabilidad como garante de las obligaciones de la promotora urbanísticas en ejecución subsidiaria, pero que no las acomete por carecer de las partidas presupuestarias necesarias. Por ello, creen que esta situación "requiere el auxilio de la administración autonómica y central".

Por último, razonan que "sin la implicación de la administración autonómica no existirá solución al deterioro progresivo de la urbanización y ello a pesar de la existencia de responsabilidades jurídicas ya declaradas".