El fuerte impacto mediático y lo insólito del caso han propiciado que la cuestión llegue hasta el Senado. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró ayer que el Ministerio del Interior abrirá una investigación policial sobre el caso del turista que permaneció cinco días encarcelado por error, mientras que el senador del PP por Granada Sebastián Pérez anunció que su grupo pedirá la comparecencia en el Senado del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba para que informe sobre este asunto.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior de la Cámara baja, Camacho respondió así a una pregunta del senador del PP Sebastián Pérez que no estaba en el orden del día y reiteró encarecidamente su negativa a pronunciarse "sobre algo que aún no está investigado".

"Puedo garantizarle que lo vamos a analizar e investigar pero no vamos a hacer juicios de valor sobre acontecimientos que aún no han sido investigados", subrayó.

El responsable de Seguridad mantuvo que los hechos serán, en primer lugar, investigados, y después, en caso de que se observe que se han producido responsabilidades, éstas "se exigirán". Mientras tanto, instó a los populares a respetar la presunción de inocencia a la que tienen derecho, como cualquier otra persona, los policías.

"Todos tenemos que respetar la presunción de inocencia y ustedes últimamente hacen mucha referencia a ella", les dijo a los senadores del PP en alusión a los casos de corrupción política en los que se han visto envueltos algunos cargos de este partido.

Por su parte, Pérez anunció que el Grupo Parlamentario Popular de la Cámara acordó pedir la comparecencia del titular de Interior sobre este asunto.

Asimismo, la Fiscalía Superior de Andalucía estudia abrir diligencias informativas sobre el caso. Según han informado fuentes judiciales, la Fiscalía tiene la intención de solicitar a cada órgano implicado toda la información relativa a su actuación para aclarar las circunstancias en las que se ha producido este fallo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada, de guardia el Jueves Santo, envió a prisión a Juan Enrique T.M. tras comprobar que sus datos personales coincidían con los de la orden de búsqueda que le presentó la Policía que lo detuvo pese a que sólo compartía con el titular del requerimiento original, I.T.M., emitido por la Audiencia Nacional, el primer apellido.

Fuentes de este órgano explicaron que comunicaron por fax a la Guardia Civil y a la Policía Nacional el cese de esa orden de busca, captura e ingreso en prisión el 23 de febrero, ya que su titular se encontraba en prisión desde hacía diez días y que en toda la documentación remitida por la Audiencia Nacional figura como titular I.T.M. y no Juan Enrique T.M.

Además, debido a los días festivos de Semana Santa, el Juzgado que hizo efectiva la orden de busca no pudo comprobar con la Audiencia Nacional los datos de la misma, verificación que no se efectuó hasta este lunes.

Durante esas jornadas, Juan Enrique, que trabaja como funcionario en un hospital y carece de antecedentes penales, permaneció en el módulo de ingresos de la prisión de Albolote, donde ha asegurado que recibió un "trato fatal" de los funcionarios por lo que ha anunciado que demandará a los responsables de su estancia en la cárcel.

Respecto a la investigación que abrirá Interior, así como al anuncio de la Fiscalía Superior de Andalucía, Juan Enrique aseguró ayer que le parece "fenomenal", ya que "se deben depurar responsabilidades". Bajo su punto de vista, Justicia e Interior "tienen que poner todos los medios para que casos como este no vuelvan a ocurrir".

En la misma línea, su abogado, Jesús García, asombrado por el impacto mediático que ha causado el caso de su cliente, afirmó que "como ciudadano entiendo que las administraciones, que son las que tienen el respectivo control de todos los órganos implicados, son las que ahora deben depurar responsabilidades".