Se rebelaron cuando se estaba elaborando la ordenanza de la convivencia y se rebelan hoy, cuando el texto comienza su andadura en la calle. Las ONG REC, Asociación Pro-Derechos Humanos, Granada Acoge y la Asociación Gitana Anaquerando aseguran que van a seguir de cerca la aplicación del nuevo documento normativo que, según reza en su declaración de intenciones, pretende mejorar la convivencia en la ciudad pero que según su visión hace todo lo contrario. ¿La razón? "La convivencia no se puede imponer sino que se debe dialogar y trabajar de una manera colectiva".

Natalia García, portavoz de la Asociación Pro-Derechos Humanos, explica que la oposición al texto se base en cuatro aspectos fundamentales. "La falta de participación ciudadana y de los colectivos implicados, la opción de emplear la represión frente a la educación, la integración, la diversidad y el diálogo; en tercer lugar porque se criminaliza la exclusión social y por último, porque restringe el derecho a la libertad de expresión de ciudadanos y colectivos".

Por todas estas razones, los portavoces de las diferentes ONG no van a perder detalle de la aplicación de este texto. "Entre otras cosas, vamos a realizar un seguimiento de a quién, cómo y por qué se dan los permisos a los músicos callejeros además de realizar otras medidas que ofrezcan otra visión de estos colectivos que no sea la de sancionarlos por estar excluidos o tener otra estrategia de vida", señalan.

En este sentido, las organizaciones van a realizar una serie de actividades de sensibilización como la proyección del corto El delito del arte que aborda la realidad de los músicos callejeros o distribución de pegatinas que denuncien esta ordenanza y expongan cómo se debería entender la convivencia.

Las asociaciones insisten a la hora de lamentar la falta de colaboración que han tenido con el equipo redactor del texto "al no haber tenido en consideración nuestras alegaciones, ni siquiera haber mantenido un encuentro en el que los implicados en cada uno de los problemas ofrecieran su parecer". Por este motivo, las organizaciones subrayan que la entrada en vigor de esta ordenanza no va más que aumentar la fractura social que la ciudad ya sufre. "Fomentará que se confunda pobreza o exclusión con incivismo, y supervivencia con ilegalidad. Además, sólo logrará invisibilizar los problemas, trasladar los problemas, pero en ningún caso solucionarlos, ya que seguirán ahí, en las calles, pero ocultos", concluyen.