Los carteles son ya un elemento más del paisaje urbano, aunque el Ayuntamiento está preocupado por el aumento de su número en lugares en los que no están permitidos. Desde el mes pasado está en marcha una campaña de inspección que ha detectado 305 infracciones y ha dado lugar a la apertura de 32 expedientes sancionadores.

La concejal de Medio Ambiente, María Dolores de la Torre, señaló que se ha disparado la pegada de carteles como medio de publicidad. La edil relacionó el incremento con la crisis y dijo que "el cartel es económico, pero supone ensuciar Granada". En los últimos ocho meses, el Ayuntamiento sólo había registrado 50 infracciones, una cantidad mucho menor a la que ya se contabiliza en poco más de un mes.

El trabajo de inspección "exhaustivo" está tratando de localizar a los responsables de los carteles simplemente a través de los números que aparecen en ellos o con la colaboración de la Policía en casos más difíciles: "No en todas las infracciones se logrará la localización".

Una vez terminadas las indagaciones, la sanción no sólo recae en la empresa anunciante, sino también sobre la que se encarga del pegado de los carteles. Las multas oscilan entre los 700 y los 1.500 euros y De la Torre dejó abierta la posibilidad de que afecten además a las empresas responsables del mantenimiento del mobiliario urbano. La concejal defendió esta "labor sancionadora, pero imprescindible" y apuntó a que tras la campaña el número de infracciones crecerá durante este año.

Hasta ahora, es muy probable que la prohibición -excepto cuando es expresa- de fijar carteles haya pasado inadvertida ante la gran cantidad que existen en lugares de todo tipo. A pesar de ello, la edil aseguró que "se puede hacer una pegada legal" en lugares como los comercios y otras zonas en las que lo permite el Consistorio, poniendo como ejemplo los anuncios que se colocan para los espectáculos circenses. No obstante, indicó que las autorizaciones municipales son "muy concretas y determinadas".

De la Torre explicó que existen dos tipos de pegada de carteles, la masiva y la individual. La primera es objeto de una sanción mayor y consiste en la colocación de más de diez anuncios de una misma actividad. La segunda también está considerada como acción grave en la ordenanza de la convivencia. Esta calificación la aplica el texto cuando los "carteles, pancartas o adhesivos" se fijan "en edificios e instalaciones municipales, en el mobiliario urbano o natural, y en general, en todos aquellos elementos que estén destinados a prestar servicios específicos en la ciudadanía". En monumentos o edificios, la sanción previstá está entre los 1.500 y los 3.000 euros.