Era simplemente cuestión de tiempo. La sentencia del Centro Comercial Nevada, dictada a mediados de este mes no gustó a nadie. Salvo, ha de suponerse, a los concejales de la junta de gobierno local y a los técnicos que salieron absueltos, porque ninguno de ellos anunció su disconformidad con el fallo. Sí lo hicieron, por contra, los tres acusados que cambiaron su estatus por el de condenados, el promotor del centro, Tomás Olivo, el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara, y el que fuera concejal de Urbanismo en el Consistorio armillero, Gabriel Cañavate. Pero la parte acusadora tampoco quedó contenta con las penas impuestas a dicha terna ni con que se absolviese al resto de los condenados. Por ello, el Ministerio Público y la acusación ejercida por el Partido Popular, ayer hicieron públicos sus recursos de apelación en los que se pretende que la Audiencia Provincial dicte una nueva sentencia que sea más dura que la del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital.

El Ministerio Público mantiene en su recurso de apelación las penas inicialmente solicitadas para los acusados (26 meses de cárcel para Tomás Olivo, 36 meses para Morales Cara y Cañavate y 16 meses para el resto de los acusados) porque el fiscal Valentín Ruiz argumenta que "las penas impuestas en la sentencia de instancia equivaldría al indeseado efecto criminogénico de anular por completo la importantísima función preventiva o admonitoria de los preceptos penales en juego" ya que el juzgador ha castigado "gravísimas actuaciones" con "penas nimias equivalentes de algún modo a simples fraudes o sustracciones".

El fiscal mantiene, tras un pormenorizado análisis de la sentencia absolutoria -que cabe recordar que consideraba mucho de lo sucedido durante la tramitación del centro comercial como irregularidades administrativas fuera de la esfera penal-, que en gran parte está de acuerdo con el fallo, pero refuta esta forma de proceder del juez. Las irregularidades denunciadas son "extrapenales en cuanto aisladas unas de otras y separadamente consideradas, obviando indebidamente a juicio del fiscal, que la suma reunida de todas ellas advera a las claras que se prescindió completa y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". O, dicho de otro modo, "que nunca existió procedimiento ajustado a derecho y, por tanto, cualquier resultado de ello incurriría en la nulidad de pleno derecho que entonces y también ahora postulamos expresamente". Consecuencia de ello sería, por tanto, la nulidad "completa y radical" de los actos administrativos, tanto la aprobación definitiva del plan parcial B como la licencia de obras del centro comercial.

Esto hace que el fiscal mantenga en el recurso las opciones que en su momento dio al juez de lo Penal, la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido, incluido las obras de cimentación soterradas y plataformas y viales sobre rasante; y la demolición parcial de modo que se subsanen las vulneraciones legales más graves y evidentes, como la invasión de zonas verdes y viales como el Camino Viejo de Alhendín. También contempla una última opción a la que dio cabida durante el juicio, la de "cualquier hecho sobrevenido con posterioridad y acaecido antes, nunca después, de que la sentencia que en su caso se dictare alcance firmeza, tales como la presentación de un proyecto alternativo que mereciere aprobación definitiva en todos sus detalles".

Especial hincapié hace el fiscal en la desaparición del informe del abogado municipal del expediente que se debía tratar en la junta de gobierno local donde se dio el visto bueno al centro comercial y por que el considera, al menos, "cooperadores necesarios" a los concejales que votaron a favor. En cuanto al documento, entiende el fiscal que Morales Cara y Cañavate "eran las únicas personas que tenían libre acceso al edificio, tenían la posibilidad de hacer lo que hicieron y sabían perfectamente la localización física del expediente".

El PP, personado como acusación particular, igualmente pide la condena de los cuatro ediles absueltos; un aumento de las penas de los condenados "dada la gravedad de la conducta delictiva" de los acusados, que produjeron además un "daño objetivo a la economía y al desarrollo de Armilla"; y que Morales Cara y Cañavate sean condenados por un delito de infidelidad en documento público y por otro contra la ordenación del territorio.

El documento fue dado a conocer por el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, quien recordó que han sido condenados dos personas, Morales Cara y Cañavate, que, cuando fueron denunciados, "eran la flor y nata del PSOE granadino".

A juicio de su partido, según explicó, la sentencia del juez no ha aclarado dónde están los 36 millones de euros procedentes de las plusvalías del aumento de la edificabilidad del Nevada que le correspondían al Ayuntamiento de Armilla y ha insistido en que este caso "es el único de corrupción en España" que no ha permitido investigar el patrimonio de los imputados, cuando existe un informe de la Guardia Civil que constató que "sus bienes no se correspondían con sus ingresos".

En cuanto a los concejales, el recurso estima que todos los ediles sabían que el expediente de la licencia de obras "adolecía de graves defectos, puestos de manifiesto por el arquitecto técnico municipal". Además, el PP considera que se cometieron "graves irregularidades en la tramitación del proceso", como la ausencia de informes técnicos suscritos por funcionarios de carrera del Ayuntamiento, la desviación de poder de la Corporación local al solicitar un informe al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación o la necesidad de solicitar un informe al Consejo Consultivo de Andalucía durante la tramitación del plan parcial B. También defiende el PP que la autorización ambiental que tenía el proyecto había caducado, ya que las obras comenzaron en 2005 sobre una autorización de 2000 y con un proyecto bastante diferente.

En lo referente al informe desaparecido, la acusación que ejerce el PP también considera autores del extravío a José Antonio Morales Cara y a Gabriel Cañavate. Considera el recurso que "sólo a los dos imputados por este delito interesaba la desaparición del referido informe y que, en su caso, cualquier persona que lo hiciera desaparecer lo habría hecho a su instancia e interés". Pero claro, en base a numerosos indicios.