Sólo unos días después de que el Ayuntamiento de Otura decidiera en pleno que la Agencia Provincial de Administración Tributaria (APAT) se volviera a hacer cargo del servicio de recaudación local, trasciende la segunda de las cinco denuncias interpuestas por el secretario municipal, Gregorio Marañón, contra el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz (PP). Una denuncia que se refiere al contrato, a su juicio ilegal, que el Ayuntamiento firmó con una empresa privada a principios de 2008 para que asumiera la gestión recaudatoria.

Según la denuncia, ese contrato se firmó el 21 de enero de 2008 entre el alcalde y Francisco Molina Segura, representante de la entidad mercantil Ateco Sociedad de Gestión de Recursos, para "la prestación del servicio de colaboración en la gestión y recaudación, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, de todos los tributos y demás ingresos de derecho público cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Otura".

El contrato, asegura el denunciante, no fue fedatado por el secretario ni autorizado por notario alguno. Fue firmado por las dos partes "simple y llanamente, sin más trámite". Tanto es así que los servicios económicos locales no tuvieron conocimiento del mismo hasta el 4 de marzo, cuando se depositó en el registro municipal.

El funcionario menciona que ni siquiera se acompañó "documento acreditativo de la personalidad de la empresa ni de su solvencia profesional, técnica y económica". Sólo existe "el contrato pura y simplemente, sin documentación complementaria alguna", al menos, especifica el demandante, que a él le conste.

Prosigue relatando que varios informes de la Tesorería Municipal, órgano responsable de la recaudación, pusieron de manifiesto "múltiples irregularidades en la gestión". Por ejemplo, el del 8 de febrero de 2008, que detalla que el contrato se había suscrito "sin tan siquiera poner en conocimiento del mismo a la tesorería municipal ni al resto de los servicios administrativos municipales". La Tesorería, de hecho, asegura desconocer "si este servicio lo es en el procedimiento voluntario y ejecutivo o sólo en este último".

Un segundo informe, con fecha 17 de febrero de 2009, abunda sobre lo mismo. La tesorera dice que no puede "asumir la responsabilidad" de la gestión realizada hasta ese momento por Ateco porque actúa "al margen de la Tesorería Municipal y fuera de su control".

Otros datos aportados por la funcionaria son igualmente graves, como que Ateco habría estado "en posesión de listados de deudores que no le han sido remitidos por la Tesorería" o que Ateco estaba notificando "nada menos que providencias de apremio, que son título suficiente para proceder al embargo de bienes, sin la existencia de las mismas y notificadas por el concejal de Hacienda, sin haber sido no ya expedidas por la Tesorería, sino ni siquiera facilitados por la misma los listados de deudores".

Asimismo, se detiene en algo inquietante: Ateco entregó 30.000 euros a petición de la Alcaldía, mediante escrito fechado el 8 de octubre de 2008, como anticipo a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y solicitaba verbalmente a esta tesorera la devolución de dicha cantidad. Pero tras hacer "las comprobaciones oportunas", comprobó que el 10 de octubre de 2008 figuraba ingresada en una cuenta de titularidad municipal "la cantidad de 25.000 euros por parte de dicha empresa, pero no constan ingresados los 5.000 restantes".

En un tercer informe, emitido el 25 de febrero de 2009, afirma que en algunas notificaciones realizadas por Ateco relativas a reclamaciones anteriores al año 2007, donde aparece que esta tesorera ha dictado providencia de apremio, en ningún momento ha remitido a dicha empresa dichas providencias, por lo que está actuando de forma "arbitraria y realizando notificaciones que corresponde hacerlas al personal funcionario de este Ayuntamiento".

A tenor de todos esos informes, el secretario concluye, y así consta en su denuncia, que la contratación de Ateco fue un procedimiento "nulo de pleno derecho", que es "como poco dudoso que tengan respaldo legal" sus prestaciones, que la empresa "está conociendo, tratando y procesando datos de terceros sin título válido habilitante", que realiza "notificaciones de actos de gestión tributaria que no puede realizar" y que, en consecuencia, "no puede continuar" gestionando la recaudación porque lo hace "de forma completamente ilegal". Todo eso se lo comunicó al alcalde y, asegura, no obtuvo respuesta.