LA colocación y posterior arranque de la placa que cada mes de julio colocan en las tapias del cementerio los miembros de la Asociación de la Memoria Histórica se ha convertido en un patético pulso que escenifica bien a las claras la resistencia de un parte de la ciudadanía a reconocer uno de los capítulos más atroces de la guerra civil, el fusilamiento de cerca de 3.000 personas en los días posteriores al triunfo de los sediciosos contra la República. La resistencia de los responsables del Ayuntamiento de Granada a que una simple placa recuerde a los fallecidos (entre ellos buena parte de los corporativos municipales de la Granada de 1936, entre ellos su alcalde, Manuel Fernández-Montesinos) es hiriente para las familias de los muertos e injusta con la propia historia. El argumento empleado por el PP de que la ley de la Memoria Histórica ha servido para reabrir heridas se vuelve, en este caso, en su contra; en su porfía en arrancar la placa lo que, cada año, hurga y mantiene viva la brecha.

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