LAS primeras comparecencias parlamentarias de los ministros de Rajoy han sido sustanciosas: todas han anunciado cambios legislativos importantes (de calado, diría un cursi). De las bodas y divorcios ante notario a los trasvases de agua y de la píldora del día después a la cadena perpetua revisable pasando por la Educación para la Ciudadanía y el Bachillerato. El Gobierno se propone reformar, qué duda cabe.

Ninguna reforma creo que va a ser tan polémica y va a dividir tanto a la sociedad como la referida a la ley del aborto, y ello porque sobre la interrupción voluntaria del embarazo gravita la ideología más que sobre cualquier otra reforma. Es sabido que cuando intervienen las convicciones y las creencias el pragmatismo se hace imposible y las posiciones intermedias están condenadas al fracaso.

Aunque el Partido Popular había centrado su oposición a la ley del aborto socialista de 2010 en la discutible autorización a las menores de 16 ó 17 años a abortar sin autorización o conocimiento de sus padres, es un hecho que este partido había recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. Estaba, aparentemente, a la espera de la sentencia del Alto Tribunal, pero ha sido ganar con rotundidad las elecciones y el PP ha dado un salto considerable: el ministro Gallardón se propone liquidar el sistema de plazos y volver a los tres supuestos de la ley de 1985 (violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre).

Esta posición tiene un componente ideológico notorio, ya digo. El centroderecha, que en este tema es deudor del conservadurismo de raíz religiosa, pone el énfasis en la defensa del no nacido, cuya existencia debe protegerse por encima de todo, y sólo puede matizarse si colisiona con otros derechos en casos muy concretos (los recogidos en los tres supuestos citados). El aborto sería la excepción.

Por parte de la izquierda el aborto es, en cambio, un derecho de la mujer, que puede ejercerlo según su voluntad soberana dentro de unos límites puramente temporales, se supone que por la creencia de que en esos plazos fijados legalmente no hay aún vida humana en el feto. La ley de plazos es la práctica más extendida en las naciones de nuestro entorno. Los lectores de estas esquinas saben que es también mi modesta posición. No hay manera de convencer a unos y otros de las respectivas razones contrapuestas, y se comprende: donde los tirios ven un derecho los troyanos ven un crimen.

Cuando los socialistas vuelvan al poder seguro que reintroducen la ley de plazos. Da la impresión, sin embargo, que eso va a tardar un rato largo. De modo que las mujeres embarazadas que no quieran parir van a tener que acogerse a alguno de los supuestos.