EL Partido Popular ha planteado una reforma de los ayuntamientos, a través de su anunciada Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que es, de hecho, un auténtico recorte en democracia, un desmantelamiento del sector público local y una pérdida de más de 250.000 puestos de trabajo. Un dislate cuando lo que es imprescindible es mejorar su financiación a través del apoyo de las otras administraciones.

En el anteproyecto que plantea el gobierno está previsto que desaparezcan servicios, que hasta ahora se prestan por los ayuntamientos, tan importantes como el apoyo a las personas dependientes o las políticas de igualdad de género. Han pensado una reforma local basándose exclusivamente en criterios de rentabilidad económica abandonando la rentabilidad social. Así se suprimirán servicios que no sean rentables y ello perjudicará a las zonas rurales. Se abre un camino para la privatización y la menor calidad, que perjudicará a los más débiles.

Esta "contra- reforma" no sólo no viene a resolver los problemas de las entidades locales, más bien encierra un cambio de modelo que va a recortar su financiación y con ello los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía. Supone además un ataque frontal a la autonomía local y la democracia municipal: los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes que son el 83,7% podrán ser intervenidos por las diputaciones e incluso desaparecer si no cumplen con la estabilidad presupuestaria, a los de menos de veinte mil les podrán retirar las competencias.

Se limita el control ciudadano porque serán las diputaciones (que no se conforman por elección directa de la ciudadanía) las que asumirán la gestión de servicios en detrimento de los ayuntamientos (cuyos políticos se eligen directamente), con ello se alejará a las instituciones de la gente.

El PP ha tratado de justificar su propuesta en el ahorro de la administración pública, pero la realidad es que la deuda de los ayuntamientos sólo representa el 4,1 del total. Lo del ahorro es una mentira para justificar este disparate, un debate falso el de los sueldos de los políticos municipales porque en realidad el ochenta y cinco por ciento de los concejales de nuestro país no tienen sueldo.

Estamos ante un auténtico disparate, de hecho están en contra muchos alcaldes y concejales del PP de tal forma que se ha acordado por unanimidad en la Federación de Municipios y Provincias plantear un conjunto de alegaciones al anteproyecto que busca modificar radicalmente la propuesta .Otro asunto en el que el PP tendría que rectificar.