CUANDO García Pelayo explicaba la cláusula que define a España en el artículo 1 de la Constitución: "Estado social y democrático de derecho" nos la presentaba como una totalidad conceptual. Un Estado que no es democrático no puede ser de derecho y un Estado que no es de derecho nunca puede ser democrático. Lo primero era aplicable al último franquismo, cuando se configuró una estructura jurídica y los tecnócratas del régimen pretendían considerarlo un Estado de derecho aunque no fuera democrático. Lo segundo responde a la situación que estamos viviendo estos días en relación a Cataluña. Se apela al principio democrático para intentar justificar una grosera vulneración de la legalidad constitucional. Sin embargo, sin principio de legalidad no hay democracia. La historia nos ha enseñado que cuando se abandona la legalidad llega inexorablemente la tiranía.

En estos supuestos, para justificar la vulneración de la legalidad se suele apelar a la legitimidad. Se dice que la actuación es ilegal pero es legítima. La legalidad se puede enjuiciar mediante el cotejo de una actuación con el ordenamiento jurídico vigente. La legitimidad tiene unos perfiles más difusos al ser un concepto político, no jurídico. Sin embargo, no hay dificultad para afirmar que la Resolución aprobada el pasado lunes por el Parlamento de Cataluña, impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional no sólo es ilegal sino también ilegítima. Y ello por dos razones fáciles de entender. En primer lugar, porque difícilmente puede apelarse a la legitimidad de una actuación que no cuenta siquiera con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Los parlamentarios que la han votado representan al 47,8 % de los votantes en las recientes elecciones presentadas como plebiscitarias y apenas al 36 % de los electores. No puede hablarse de mandato del "pueblo" de Cataluña como sustento de la legitimidad cuando ni siquiera se cuenta con el apoyo del "cuerpo electoral". Pero es que, en segundo lugar, se pretende burlar la legalidad sin haber intentado siquiera modificarla: no se ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho de autodeterminación o convocar un referéndum. Simplemente se ha decidido desobedecer la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico en virtud de una votación en el Parlamento, con una mayoría que no sería suficiente ni para reformar el Estatuto de Autonomía. Por tanto, la actuación de esa mayoría del parlamento de Cataluña no es sólo ilegal sino también ilegítima.