NADA más conocerse el nombre de la nueva ministra de Cultura sonó el toque a degüello entre las animosas huestes cibernéticas. Teniendo en cuenta que en los años que llevamos de democracia ha habido ministros para todos los gustos -con pasado franquista, miembros del Opus, terratenientes…-, no deja de sorprender que ésta sea la primera vez que se pide la recusación de uno de ellos incluso antes de que prometa el cargo: a los veinte minutos de hacerse público su nombramiento la Asociación de Internautas (AI) ya lo había hecho. ¿Qué pecado cometí contra vosotros naciendo? En los tiempos de fundamentalismo digital en que vivimos, Ángeles González-Sinde defiende la propiedad intelectual. Crimen contra la Humanidad on line. El ingenio de sus detractores ha quedado patente al apodar a la ministra "Sindescargas". Como decía Tristón, aquella hiena con pajarita que acompañaba a Leoncio: "me duelen las quijadas de tanto reír".

Aparte de por su afición a los toros, González-Sinde ha sido ajusticiada preventivamente por un delito de opinión: pensar que aquellos que dotan a internet de contenidos culturales han de recibir una justa remuneración por el uso y disfrute colectivo de sus obras. Ni Torquemada lo hubiera mejorado. ¡También por ser guionista! Temen que legisle sólo pensando en los suyos. Si algún día Rajoy llega al poder confío en que la AI pida urgentemente su recusación no vaya a ser que pretenda beneficiar ilegítimamente al gremio de los registradores de la propiedad. En fin…

La gratuidad de la cultura es el nuevo dogma de fe con el que comulgan tanto la ultraderecha digital que aprendió de Millán Astray aquello de "muera la inteligencia" como la izquierda 2.0 que confunde el "todo por la cara" con el progreso. Nada dicen de la gratuidad de servicios elementales como el agua, la electricidad, el gas o el transporte público, y no sabría explicarles el por qué de tal agravio comparativo, pero así es. Por supuesto, los que invitan al magno festín cultural no son las empresas de telecomunicación, que cobran puntualmente sus tarifas, sino los creadores. Si alguno de ellos -de nosotros- osa poner en duda ese perverso axioma pasará inmediatamente a ser un "untado", en palabras de Rajoy; un "titiritero" de ZP o un "trincón" que habita en esa "cueva de ladrones" que dicen que es la SGAE. De nada sirve que se haya publicado un informe del Gobierno que deja meridianamente claro que todas las entidades de gestión de derechos de autor españolas funcionan con una transparencia "adecuada a la ley", sin anomalías contables ni cobros indebidos. Da igual, la hoguera está encendida para todo aquel que disienta. Que la AI nos coja confesados.