La juez Mercedes Alaya, que investiga las ayudas públicas concedidas para la realización de cursos de formación, continúa reclamando información a distintos organismos dirigidos a analizar cómo se concedieron las subvenciones y los controles que el proceso tenía. En un nuevo auto, la juez exige ahora los informes desde el año 2002 que haya realizado el Consejo Andaluz de Formación Profesional y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

En la resolución, Alaya explica que para la continuación de las investigaciones relacionadas con las “graves irregularidades” en la concesión de las subvenciones públicas resulta necesario reclamar al Consejo Andaluz de Formación Profesional los informes emitidos desde el año 2002 sobre “programas, acciones y subvenciones formativas para la Consejería de Empleo”, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 214/97 de 2 de septiembre.

Alaya también ha acordado recabar del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo los informes anuales sobre “programación, gestión, control y evaluación de la formación para el empleo elaborados por la comunidad autónoma andaluza desde el año 2002, así como las conclusiones y recomendaciones que hayan hecho sobre el funcionamiento del subsistema”.

Este auto viene a sumarse a otro dictado recientemente en el que la magistrada ha ordenado rastrear el papel que ha desempeñado la Intervención General de la Junta en el control de las subvenciones públicas. Se trata del paso previo de la instructora antes de pronunciarse sobre la posible ilicitud de todas las ayudas concedidas por la Administración autonómica relacionadas con la formación, en el caso de que detecte presuntas irregularidades en el procedimiento y falta de control.

En esta resolución, Alaya solicitó abundante documentación a la Intervención General sobre el control de las subvenciones realizado por este organismo fiscalizador y para ello ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las "funciones" que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas "en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones a la formación".

Alaya requirió expresamente a la Intervención para que aporte en un plazo de diez días todos los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante para el programa 32D o "cualquier otro programa presupuestario relativo a los cursos de formación". La juez pidió entre esa documentación los informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria, los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa y los informes sobre Control Financiero Periódico.

La magistrada también solicitó al organismo fiscalizador que aporte los "informes de conformidad o disconformidad", recabando la UCO una explicación de la Intervención sobre el "diferente tratamiento en la concesión cuando se trataban de subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cuando se trataba de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y si existieron algunas particularidades en la delegación provincial de Empleo de Sevilla". De la misma forma, Alaya exigió una "explicación ajustada a la legalidad" sobre las exoneraciones a las empresas que recibieron ayudas para los cursos -en otro auto cifra dichas exoneraciones en 950 millones- y "el papel que realizó la Intervención en el control financiero de tales subvenciones".