La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha comunicado este martes oficialmente que ha prorrogado su baja por enfermedad por otros 20 días más, según han informado a este periódico fuentes judiciales. La magistrada se encuentra de baja desde el pasado 12 de septiembre y mañana le cumplía el último parte de su enfermedad. Sin embargo, la juez ha vuelto a comunicar hoy un nuevo aplazamiento de su vuelta, presentando un nuevo parte de baja por otros 20 días, con lo que su ausencia del juzgado se aproxima a los cinco meses.

A partir del sexto mes, en caso de que continúe la ausencia de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el que se encargue de ir prorrogando de forma mensual las posibles bajas, según han confirmado las mismas fuentes.

En los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción presentó varios escritos en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitando que se retome la instrucción de la causa de los ERE y de otras que lleva esta magistrada, como el delito societario en la empresa pública Mercasevilla, que fue el origen del escándalo detectado en las ayudas de la Junta. El Ministerio Público ha advertido igualmente del riesgo de que prescriban algunos delitos y ha pedido a la Guardia Civil que “priorice” la investigación de las ayudas de los años 2001 a 2003.

Tras la última baja de la juez Alaya, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se desplazó a Sevilla y acordó el nombramiento de un nuevo juez de Adscripción Territorial, Rogelio Reyes, para que reforzara este juzgado, en el que ya se incorporó a principios de enero la también juez de Adscripción Territorial Ana Rosa Curra.

Entre ambos jueces se van a distribuir las cuatro macrocausas que actualmente se investigan en este juzgado, y todo apunta a que Ana Rosa Curra asumirá el caso de los ERE fraudulentos, mientras que Rogelio Reyes se haría cargo del delito societario por el que se investiga al ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Las otras investigaciones relacionadas con la empresa Mercasevilla se las distribuirán entre ambos jueces de refuerzo.

La baja de Alaya ha hecho que estos procedimientos se encuentren paralizados y en la práctica sólo se han realizado determinadas actuaciones estrictamente urgentes, como la decisión que adoptó la juez de refuerzo Ana Rosa Curra cuando envió a la cárcel a un presunto testaferro que cobraba comisiones de los ERE, Juan Francisco Algarín. Otro juez sustituto, Iván Escalera, decretó el secreto de sumario para facilitar la investigación del blanqueo de capitales relacionado con las denominadas “empresas pantallas” utilizadas presuntamente para reconducir a los circuitos financieros el dinero procedente de las “sobrecomisiones”.