En 2009 un acuerdo entre el Gobierno presidido por Zapatero y las comunidades autónomas y refrendado por el Parlamento, trató de poner orden a un sistema que, al menos en teoría, iba a garantizar la financiación de los servicios públicos en todas las esferas de la administración del Estado, en especial la de unas comunidades autónomas que reclamaban un plan común y reglas claras para asumir una carga que amenazaba, con la crisis económica en todo su apogeo, amenazaba con llevarlas casi al borde de la suspensión de algunos de esos servicios. Debía renovarse cada cinco años y 14 después, todavía no lo ha hecho.

En eso coinciden la totalidad de las comunidades autónomas. Donde no lo hacen es en la manera de llevarlo a cabo. Mientras unas esgrimen su especificidad y exigen una negociación bilateral (Cataluña), otras no contemplan nada fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera (Andalucía) en algo que coincide con el Gobierno central.

En esta discusión, tal vez por única vez, los colores políticos se quedan en un segundo nivel. Valga sólo un ejemplo; una de las autonomías que más apuesta por la quita de la deuda es la de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, pero que tiene, después de Cataluña, la mayor deuda con el Estado. Hay que tener en cuenta que éste financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, como la sanidad o educación, desde los años 80, pero es en 2009 cuando la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron una ley que se refrendó en el Parlamento para modernizar el sistema. Afecta a las de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su objetivo es mejorar el Estado de bienestar de todas las comunidades garantizando la equidad y la suficiencia.

Los gobiernos calculan la transferencia de recursos haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos cedidos totalmente como el IBI, y otros estatales de los que se entrega una parte, como el IVA o del IRPF. Son las denominadas entregas a cuenta que el Gobierno anualmente contempla en los Presupuestos Generales del Estado y que cada año actualiza según hayan cambiado las variables que determinan la financiación. Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los dos años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han sido calculado al alza o a la baja.

La deuda total de Andalucía es de 36.744 millones de euros, de los que 25.276 millones están en manos del Estado por la contraprestación de los servicios que presta a la comunidad autónoma y que debería haber hecho éste última. Esa es la teoría que también indica que Andalucía es una de las que mayor porcentaje representa respecto a su cuenta de acreedores, por detrás de Murcia (84,8% de su deuda es con el Estado) Cataluña (84,1%), Valencia (83,5%) y Castilla La Mancha (71,1%). Cantabria tiene la casi totalidad de su deuda estatalizada, aunque el montante global apenas llega a los 3.100 millones.

Esta deuda es saldada con los mecanismos de financiación de las autonomías que en el primer año de su implantación, tenía una partida de 75.732 millones y que el año pasado ascendieron a 111.000 millones. Se tata de unas cantidades que presta el Estado para que las comunidades no pasen dificultades de financiación en los mercados tradicionales y que se puso en marcha durante la crisis económica de 2008.

El mecanismo de financiación autonómica cuenta con varios fondos, como el de Suficiencia Global o el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, así como los de Convergencia, que buscan que todas las comunidades dispongan de los mismos recursos por habitantes para evitar desigualdades.

El sistema se completa con la mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las comunidades, ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Mientras que en el sistema anterior el 70% de todos los recursos de las comunidades provenía de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo modelo, este porcentaje pasó a ser de aproximadamente el 90%. Además, el Estado aportará en torno a 11.700 millones de euros adicionales.

En este reparto es donde surgen las dificultades y las discusiones políticas. Andalucía se une al grupo de comunidades, que exigen una reforma del modelo al sentirse infrafinanciadas con el actual sistema. Son varias las que alertan de que han sido agraviadas y que exigen ser compensadas teniendo en cuenta su población real (Andalucía), pero varios gobiernos autonómicos reclaman que se tengan en cuenta también otros factores, como el envejecimiento o la dispersión de la población.

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se creó en 2012, durante la crisis económica. A lo largo de ese año, nueve autonomías tuvieron que pedir ayuda financiera al Gobierno que presidía Mariano Rajoy y, ante esa situación de asfixia económica que atravesaban las comunidades autónomas, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó el fondo de financiación, dotado, en ese primer momento, con 18.000 millones de euros. Cataluña fue la primera comunidad en pedir su adhesión al FLA y le siguieron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Hoy están Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.