La Consejería de Fomento pondrá en marcha en las próximas semanas el llamado Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito de asesoramiento y protección contra los desahucios que funcionará en las ocho provincias. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Fomento, en la que ha explicado que se crearán ocho oficinas -una por cada provincia- en las que se ofrecerá asesoramiento, intermediación y, en su caso, alternativas para los ciudadanos afectados por los desahucios.

La consejera ha recordado que han reclamado por escrito a las entidades financieras que entreguen las viviendas protegidas embargadas para que puedan reintegrarse en el parque público de vivienda, con la posibilidad de imponer sanciones si no atienden la reclamación. La responsable de Vivienda ha reclamado también la colaboración de los ayuntamientos con esta iniciativa, mediante el establecimiento de un convenio, para lo que convocará en las próximas semanas una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Cortés, que ha comparecido ante el Parlamento para informar, a petición del PP e IU, sobre las medidas que pondrá en marcha su departamento para frenar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, ha indicado que el objetivo del plan anunciado es dar respuesta a la actual situación de "emergencia social". Dicho programa consta de tres áreas, la primera de las cuales se centra en la prevención mediante el asesoramiento a los ciudadanos con carácter previo a la contratación de un préstamo hipotecario.

La segunda consistirá en la intermediación de las oficinas con las entidades financieras, mientras que la tercera se centrará en la búsqueda de alternativas, de soluciones concretas, para aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual. Según Cortés, en los casos en los que finalmente se produzca un desahucio, su departamento ofrecerá "cuando sea posible" un realojo en régimen social a través del parque público de viviendas.

La portavoz del PP, Alicia Martínez, que ha calificado la intervención de la consejera de "demagógica" y le ha exigido "rigor", ha respaldado, no obstante, la decisión de que las viviendas protegidas embargadas vuelvan al parque público, aunque ha dicho que "está muy lejos de lo que realmente es necesario" en esta comunidad.

Ha criticado que la Junta no asuma sus competencias tras expresar su preocupación por la situación de las personas que tienen que abandonar sus viviendas, aunque ha recalcado que "no todos los desahucios son iguales", razón por la cual el Gobierno de la nación, a través de un decreto, ha puesto "una serie de condiciones" para los beneficiarios.

A su juicio, la política social de vivienda desarrollada por el PSOE ha provocado en Andalucía 72.000 ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis -la consejera las cifró en 68.000-, mientras que la política del Gobierno del PP se ha centrado "en las familias que realmente lo necesitan", ha remarcado Martínez.

La consejera ha recalcado que su departamento se sitúa "del lado de los movimientos sociales" que están parando los desahucios y ha explicado que el programa anunciado incluye sugerencias y recomendaciones de distintas organizaciones, además del Defensor del Pueblo Andaluz. "Pretendemos acabar con la indiferencia y la resignación, con la idea de que nada se puede hacer desde la Administración autonómica, lo que no es cierto", ha asegurado Cortés que, no obstante, ha reclamado al Gobierno del PP un cambio en su política de vivienda porque las normas aprobadas "no están frenando los desahucios".