La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha mostrado respaldo a los recursos judiciales anunciados por la Academia de San Telmo y la plataforma Ciudadana Defendamos nuestro Horizonte en relación con el proyecto de la torre del puerto.

Asimismo, ha informado de que ha elevado al Gobierno de España "más de una decena de informes de organismos especializados que dejan claro que el rascacielos atenta contra el interés general de Málaga, con el objetivo de defender la Farola y poner freno al atentado contra nuestro paisaje y nuestro patrimonio histórico y cultural que pretender perpetrar el equipo de gobierno con el rascacielos en el dique de Levante"

Morillas ha asegurado que "ponemos todos los mecanismos de los que dispone nuestro grupo municipal a disposición del objetivo de paralizar el proyecto del rascacielos y proteger nuestra Farola".

Además, ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía para que se implique, para que se involucre, porque si nos movilizamos juntas es posible que consigamos proteger nuestra Farola como valor singular de Málaga".

La portavoz de la coalición de izquierdas considera que la judicialización del proyecto "evidencia la falta de apoyo y consenso social que genera"."Con estos recursos se consigue dilatar el proceso y cada mes que se retrasa es un mes que ganamos para la protección de nuestro patrimonio cultural e histórico. Este proyecto no está en condiciones de llegar al consejo de ministros, pero en el caso que llegue será este órgano quien decida si atiende al interés general o no. Y desde nuestro punto de vista está sobradamente probado que no responde al interés general de la ciudad de Málaga", ha dicho.

Por ello, Morillas ha detallado que "hemos trasladado al Gobierno de España más de una decena de informes de organismos especializados, como Icomos, --organismo asesor de la Unesco--, la Academia de las Ciencias o la Academia de Bellas Artes de San Telmo que motivan que el rascacielos atenta contra el interés general y que, por tanto, el proyecto no debe ponerse en marcha".

También Morillas ha informado de que ha solicitado "un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, para hacerle llegar estos informes y exigirle la máxima transparencia e información sobre la tramitación de este proyecto, que no debería llegar al Consejo de Ministros y Ministras".

Por último, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, considera que "esta judicialización por parte de entidades sociales y académicas es responsabilidad del alcalde, por no permitir que la ciudadanía de Málaga hable y pueda pronunciarse sobre la construcción del rascacielos en una consulta vecinal".